Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.

El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.

Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.

Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.

Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.

No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.

Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.

A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.

En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.