La semana pasada informábamos en 03442 sobre al caso denunciado de supuestas estafas por parte de personal administrativo del hospital San Roque de la ciudad de Villa Elisa, denuncia que habían presentado familiares de pacientes a los que supuestamente les cobraban una “colaboración” para el oxígeno, insumos costosos o cánones para los ancianos internados en el Hogar.

Tras esto, el fiscal Sebastián Blanc tomó intervención junto a la fiscal María Noelia Batto, luego de que el fiscal Alejandro Perroud se excusara de intervenir por cuestiones personales.

Blanc en diálogo con 03442 dijo claramente que “se está tratando de establecer cuál era la práctica implementada en el nosocomio y el destino de los fondos recaudados. Además, resaltó que, desde hace mucho tiempo, el hospital solicita a familiares de pacientes, una colaboración ante prácticas complejas de manera de ayuda al nosocomio”.

Por otra parte el fiscal solicitó aclarar a la opinión pública que parecería que esto surge ahora y que tiene que ver con que el hospital estaba cobrando el oxígeno, cuando en realidad (según surge hasta el momento), no hay casos de que se haya retaceado atención a una persona sino se pagaba. Blanc explicó se le pediría una colaboración, lo que sería una práctica que está dada desde hace mucho tiempo en este nosocomio y existen recibos o facturas oficiales que confirman estos pagos, pero se desconoce por el momento el destino que tiene ese dinero y es materia de investigación de la Justicia y de la propia Administración, lo que sería el primer paso para luego dar inicio a una instancia penal dependiendo de lo que surja en esa instancia interna.

Entre los pasos seguidos hasta ahora, se supo que la Fiscalía constató la existencia de documentación que abalaría estos cobros, pero es internamente que se debe constatar si hay irregularidades y con la intervención del Ministerio de Salud que ya concurrió al nosocomio.

Descargo de las denunciantes

Al parecer estos dichos no conformarían a quienes presentaron oportunamente las denuncias, razón por la cual se contactaron con 03442 y solicitaron se publique su descargo firmado por ellas, en el cual dice textualmente:

“Al pueblo elisense le llamó la atención que la Fiscalía no haya realizado ningún allanamiento en el marco de la denuncia radicada por presunta corrupción en la Administración del Hospital de Villa Elisa.

También llamó la atención que, recién una vez que la denuncia tomó estado público, se hayan hecho presentes en el Hospital, cuando la misma había sido radicada al menos 5 días atrás, sumado a la “excusación” del Fiscal Alejandro Perroud, quien debía intervenir en la causa, sin ninguna explicación a la sociedad de tamaña decisión. –

Incluso, todo el pueblo se preguntaba ¿por qué la Administradora del lugar, junto con su hermana y su sobrina, seguían yendo al lugar de trabajo -es decir, a la oficina de administración del Hospital-, cuando era evidente que podrían destruir prueba que las pueda incriminar?

A lo que debe agregarse, claro está, la suma de dinero que se encontró al día siguiente de que la Fiscalía haya estado en el lugar, llevándose “la prueba necesaria” (según sus dichos). ¿No se dio cuenta la Fiscalía que ese dinero estaba allí?.

Probablemente, un allanamiento realizado a tiempo, hubiese despejado todas éstas dudas.

Se suma a esto que ni siquiera se secuestró el teléfono celular de la Administradora del lugar, cuando precisamente, los hechos que se denuncian son que el mecanismo que utilizaban era llamar por teléfono a los familiares de los pacientes para conseguir el cobro por prestaciones que brindaba el Hospital.-

Estas “incongruencias”, sumadas a las declaraciones del Dr. Blanc en el medio “03442”, generan un sentimiento de indignación, en una sociedad que, ya a éstas alturas, cree que “la causa quedará en la nada”.

Es que el representante del Ministerio Público Fiscal centró sus esfuerzos en aclarar que la investigación penal está destinada a “establecer cuál era la práctica implementada…y el destino de los fondos recaudados” ante la práctica tan normalizada de exigir el pago de dinero por prestaciones médicas; sin discriminación de escalafón social y económico, porque se les ha cobrado a ricos y pobres.

¿La Fiscalía no lo ve? ¿Por qué insisten en correr la discusión a que los fondos hayan sido bien utilizados, cuando el meollo de la cuestión está en “el modo” en que esos fondos se conseguían?

Insistió el representante del Ministerio Público en aclarar que se trataban de “prácticas complejas de manera de ayuda al nosocomio”; e inclusive, intentó llevar la discusión a un plano muy alejado de los hechos denunciados, porque nunca se puso en tela de juicio la asistencia médica que brindó el Hospital a los pacientes; aunque la Fiscalía pretenda introducir ésta idea en la opinión pública.-

Resulta llamativo la insistencia, que se trataba de “prácticas para conseguir ayuda para el nosocomnio”, y que “se trataba de una manera para obtener recursos para el hospital”, y fundamentalmente, la opinión -casi concluyente- de centrar la discusión en que “se está investigando cuál era el destino de los fondos, y si esto estaba autorizado, y cómo era el manejo”.-  

Lisa y llanamente, señoras y señores, el pueblo ya se dio cuenta de que el mecanismo que pretenden utilizar para que esto no llegue a ningún lugar, es afirmar que “la práctica estaba autorizada” o que “aún sin estarlo, el manejo de los fondos fue prolijo, y no existió perjuicio en las arcas estatales”.-

Pero, por si a los funcionarios públicos se les olvidó, recordamos que las prácticas de exigir el pago de dinero está reprimido en el artículo 266 del Código Penal, que precisamente, aplica pena de prisión a quien solicitare una contribución, un derecho o una dávida…

Acaso, aclaran los organismos internacionales de Lucha contra la Corrupción que “La nota distintiva de este tipo es el abuso funcional del que se vale el funcionario para lograr el beneficio indebido…”.-

Bueno es aclarar que, los delitos en contra de la Administración Pública, pretenden proteger “…el funcionamiento normal, ordenado y legal de la Administración Pública, la que puede verse afectada por la conducta corrupta del funcionario en lo que respecta a su normal desenvolvimiento. …”.

Por otra parte, y hablando de corrupción, los funcionarios del Ministerio de Salud, ¿no se habrán dado cuenta que al nombrar como funcionaria administradora del Hospital a Claudia Lugrin, en la misma oficina en donde trabaja su hermana Lourdes Lugrín y su sobrina Mariana Mena, estaban nombrando a funcionarios que tienen lazos sanguíenos? En una clara situación de incompatibilidad, al menos, a la luz de la Ley de Ética Pública.

A modo de concluir, creemos importante preguntar, ¿Serán los funcionarios públicos que nos representan, capaces de darse cuenta que con las prácticas denunciadas, estaban afectando, nada más, Y NADA MENOS, que el derecho de acceso a la salud, inclusive de los más vulnerados de la sociedad?”

Firmado Dra. Analía Fernández – Lic. Sandra Giovenale. Ab. Clarisa Marano Roude.-