Las constantes y sucesivas recusaciones que presentan los defensores en torno al pedido de cumplimiento de condenas en el megajuicio por corrupción, demoran las audiencias. En efecto, la conformación del Tribunal de Juicios y Apelaciones que debe resolver sobre las solicitudes de Fiscalía para comenzar a efectivizar las penas que recibieron el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, ya sufrió cuatro recusaciones.

La sentencia de abril de 2022 en el megajuicio por corrupción, transcurrió todas las instancias judiciales superiores en la provincia y en cada escalón fue confirmada. Cuando ese andar concluyó, los fiscales que llevaron adelante la acusación pública pidieron al tribunal que pronunció las condenas que ordenen el cumplimiento de las mismas. Eso ocurrió el 19 de abril pasado.

Pero el tribunal no ha podido conformarse. Como se viene informando en ANÁLISIS, la sala original estuvo compuesta por Carolina Castagno, José María Chemez y Elvio Garzón. Este último volvió a la Justicia de Garantías y Chemez se jubiló. De modo que el nuevo tribunal se compuso con Castagno, Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo. Los dos fueron fiscales hasta el año pasado y como tuvieron intervenciones en causas por corrupción con los mismos imputados, fueron recusados o se excusaron.

Se conformó entonces un nuevo tribunal integrado por Castagno, Garzón y Julián Vergara. Pero los abogados presentaron nuevas recusaciones contra estos dos. Para reemplazarlos se designó a las juezas Elisa Zilli y Carolina Bacaluzzo. Los abogados tienen, desde este martes, un plazo de 48 horas para impugnarlas. Más allá de ese lapso de tiempo, es probable que Zilli se excuse de integrar el tribunal dado que su marido es defensor en las causas del megajuicio por corrupción. Por lo tanto, habrá que seguir buscando jueces que puedan tomar decisiones en torno a las primeras recusaciones planteadas y al cumplimiento de las condenas.

Juicio y condena

El Ministerio Público Fiscal (MPF) ventiló cinco causas acumuladas por corrupción durante las gestiones de Urribarri, entre septiembre de 2021 y abril de 2022. Se expuso una contratación del Estado provincial a varios medios nacionales para publicar un posicionamiento político contra los fondos buitres, con dinero público; las contrataciones constantes de servicios publicitarios y de cartelería a empresas armadas por Juan Pablo Aguilera; la instalación de un parador playero en Mar del Plata con dinero público que tuvo como finalidad la promoción de la candidatura a Presidente del exgobernador; la contratación de espacios publicitarios en medios nacionales para la difusión de la imagen de Urribarri, en el marco de su campaña presidencial; y la contratación de carteles en rutas de Buenos Aires también para la difusión de la imagen del exgobernador.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones que controló la legalidad de la investigación y el debate estuvo conformado por José María Chemez (jubilado), Elvio Garzón y Carolina Castagno.

Mientras se desarrolló el juicio, Urribarri se desempeñaba como canciller del gobierno argentino en Chipre e Israel. El exgobernador fue condenado a 8 años de prisión y debió renunciar a su cargo diplomático tras la sentencia, pronunciada el 7 de abril de 2022. Su apartamiento de los cargos se dio en medio de una polémica, ya que se mostró reacio a dejar las embajadas. Sin embargo, en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Santiago Cafiero, le exigió la renuncia inmediata por estar condenado en primera instancia por delitos de corrupción.

En la misma condena se sentenció al exministro de Cultura Pedro Báez y al cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri.

Fuente Análisis Digital