La Cámara de Casación de Concordia será la encargada de resolver los planteos de recusación contra los integrantes de la Cámara de Casación de Paraná en la causa en la que fue condenado a 8 años de cárcel por delitos contra la Administración Pública el exgobernador Sergio Daniel Urribarri. La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná -conformado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- el 7 de abril último.
Luego de la condena de primera instancia, también presentaron su apelación otros acusados condenados, como Pedro Báez (exministro de Cultura y Comunicación de la gestión Urribarri); Juan Pablo Aguilera y su esposa Luciana Almada, el exfuncionario Gustavo Tamay; el empresario Germán Buffa; Gerardo Caruso, condenado en la causa Parador; Emiliano Giacopuzzi, a quien se lo condenó por ser «testaferro» de Aguilera, cuñado del exgobernador; y la contadora Corina Cargnel.
Los defensores plantean que el Tribunal violó principios consistucionales, como el de legalidad, inocencia, de defensa en juicio, culpabilidad, de congruencia, juez natural. Entienden que el fallo está plagado de arbitrariedades y que los magistrados sólo se limitaron a hacer suyo los argumentos de la Fiscalía, sin tener en cuenta ni dar respuesta a los argumentos de los defensores.
Pero para el tratamiento de ese recurso de apelación a la condena, los defensores recusaron a los vocales de la Cámara de Casación Penal de Paraná por entender que «no encuentran garantizada la imparcialidad del Tribunal». Una de las causales es que los jueces revisores de sentencia intervinieron antes del juicio al rechazar recursos de los abogados, concretamente en octubre y noviembre de 2019.
La segunda causal es más relevante, ya que mencionan que el 7 de diciembre de 2021, los jueces que integran Casación, Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti participaron de una reunión convocada por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que se realizó en Victoria – “Jornada Anual del Fuero Penal”- y que firmaron una nota junto a otros funcionarios judiciales en la que le manifestaron su preocupación al Consejo Directivo de la entidad por la apertura del jury a la Procuradora Adjunto y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche (destituida recientemente).
Al respecto, citan una nota de Entre Ríos Ahora en la que se daba cuenta del encuentro. La publicación periodística consignaba que la nota elevada al Consejo Directivo de la entidad, decía: «Motiva nuestro pedido el inminente inicio de juicio por ante el Jurado de Enjuiciamiento al titular del Ministerio Público Fiscal y a una de sus adjuntas, organismo que abre su jurisdicción simultáneamente a que se encuentran sustanciando por ante la justicia ordinaria con sede en Paraná emblemáticas causas promovidas por tales funcionarios que tienen como acusados a un ex gobernador y a un ex ministro de la administración provincial”.
Perotti ya no integra la Cámara de Casación Penal de Paraná: se jubiló en junio. En julio, fue designado en su lugar el Gustavo Pimentel, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que no puede intervenir por cuanto ya emitió opinjión en la causa Urribarri. Así, se resolvió que en las recusaciones intervengan los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Concordia: María Evangelina Bruzzo, María del Luján Giorgio y Darío Perroud.
Cuando quede conformado el tribunal de Casación, recién podrá tratar el tema de fondo, la apelacióni al fallo en el megajuicio.
Cabe recordar que el megajuicio agrupó tres causas judiciales que cargaba Urribarri sobre sus espaldas: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; el segundo expediente, la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y el tercer caso, la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millora9nes; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
Fuente Entre Ríos Ahora
