“Soy un dirigente que me he desempeñado con responsabilidad y me han elegido muchas veces. Ahora me toca ser embajador. En virtud de mi responsabilidad y deber, quiero decirles que los fiscales me imputan desde 2007, como ministro de Gobierno, hacer supuestos acuerdos personales con Diego Cardona Herreros y luego ordenar a distintas áreas de Gobierno realizar contrataciones con Relevamientos Catastrales. ¿Con qué pruebas los fiscales pueden decir que fui yo quien instruyó a los responsables de áreas de Gobierno que contraten a Cardona Herreros? El ministerio Público Fiscal no detalló la conducta humana, ni establecieron de qué manera  se determinaron esos supuestos sobreprecios”, dijo el embajador y ex gobernador Sergio Urribarri desde Israel.

Mientras se defendía y pedía su sobreseimiento al juez Mauricio Mayer, leyó parte de la imputación fiscal. Aseguró que las contrataciones encausadas penalmente tuvieron un doble control por parte de organismos como Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado, y ninguno de los organismos determinó sobreprecios. “No hay especificación concreta en cuanto a la acción que yo habría desplegado, para poder defenderme. Se utilizan verbos, definiendo tipos penales sin decir qué acciones humanas.  Hablé esta cuestión hace muchísimo tiempo. No se identifica conducta delictiva alguna”, subrayó. Agregó que lo descripto por fiscales “no se condice con la realidad porque jamás actué de la manera que sostienen”. “Faltan pruebas y están los contundentes informes sobre las actuaciones, que realizaron los organismos  de control, previos y posteriores”.

Más adelante se refirió a la “difusión pública en un medio de comunicación de Entre Ríos” por lo cual el TdC y la Fiscalía de Estado “se avocaron nuevamente a investigar en conjunto” los actos imputados. “Estos controles fueron iniciados el 30 de noviembre de 2017, a casi dos años de haber dejado la Gobernación. No hay observaciones de los organismos de control en las contrataciones”. “El mismo fiscal de Estado, el 11 de junio de 2018, mediante nota y en respuesta a otra nota de la oficina de auditorías de investigaciones especiales de Fiscalía de Estado, informa que no obra expediente sobre algún cargo realizado por TdC a funcionario en marco de contrataciones. No hay observaciones”, reiteró.

Añadió que en las imputaciones de hechos del punto “2 al 6 no hay acción reprochable a mi persona, ni contra ninguno de mis funcionarios”. “Mi intervención en actividad administrativa es regular. Los actos se encuentran firmes, y se concretaron en un todo sujeto a las normas jurídicas y administrativas”. Por lo cual “las contrataciones fueron absolutamente legales y ratifico los decretos que las aprobaron”.

Licencia en el Ministerio de Gobierno

Tras el pedido del juez para que concrete su exposición, Urribarri invocó dos decretos del ex gobernador Jorge Busti en los cuales se otorgó licencia en su cargo de ministro de Gobierno. “Le pido señor juez que preste atención a las fechas. Me llama la atención que no hayan observado que en el período que me atribuyen los hechos no era funcionario público, no cumplía las funciones que se me atribuyen. Hay una falta de la condición de funcionario público, se equivocaron es una situación determinante en este legajo”, remarcó Urribarri.

“Esa fecha no estaba en la función que me endilgan. Ex gobernador Busti, por pedido expreso me concedió una licencia desde septiembre de 2006 a diciembre de 2007. Me aceptaron la renuncia presentada desde el 19 de marzo de 2007. Esto prueba de manera objetiva y los decretos convalidan lo que digo. El MPF sostiene que en 2007 se desarrolló esta trama, cuando no era ministro de Gobierno. Además los actos fueron probados en dos oportunidades por los organismos de control constitucional. Por eso solicito mi sobreseimiento”, señaló.

Por último habló de “ataque feroz que sufrimos mi familia y yo por parte de dirigentes”. “Lo entiendo porque dimos vuelta la provincia como una media con escuelas, hospitales, el Centro Medicina Nuclear, la fibra óptica, la diversificación productiva, Pymes y puestos de trabajo. Tampoco me iban a perdonar mi identificación como uno de los más férreos defensores del gobierno kirchnerista. Han sido años muy duros, y muchos años”, completó.

“La imputación es insuficiente para avanzar”

Los defensores del embajador, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, fundamentaron el pedido de sobreseimiento. Señalaron un alongamiento del proceso que ya lleva más de 4 años. “Afirmamos que el obrar de Urribarri aparece en el cumplimiento de su función o carga. Urribarri ejercía en forma legítima su autoridad y la única persona autorizada para ejecutar presupuesto era él. Era quien firmaba el gasto, es así”, subrayó Barrandeguy en cuanto a los decretos del ex gobernador que avalaron las contrataciones con Relevamientos Catastrales.

“Decimos que no queda ninguna diligencia que pueda modificar lo que dijo el TdC antes, durante y después de los hechos. ¿Cuál es la prueba que investirá a Urribarri en calidad de funcionario público cuando no lo era?”, preguntó el abogado para cerrar.

Audiencia

La instancia se desarrolla desde las 9.30 aproximadamente, en el Salón de Audiencias Nº 1. Intervienen el juez de Garantías Nº 4 Mauricio Mayer. Por el Ministerio Público Fiscal asisten la fiscal Patricia Yedro y el fiscal Gonzalo Badano; y los defensores Raúl Barrandeguy, Candelario Pérez y Juan Méndez.

La audiencia es en el marco de la causa por Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, caratulada “Urribarri Sergio D. - Cardona Herreros Diego A. - Fessia Miriam Estela - Linares Guillermo Andrés/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, en la cual se pide el sobreseimiento del ex gobernador.

Tras el planteo de Urribarri, la fiscal Patricia Yedro pidió la palabra y se opuso a la presentación de prueba nueva. Además aseguró que los argumentos de requerimiento de la audiencia que se expusieron a la OGA no se “condicen con la audiencia en sí”. “No se dan los motivos para disponer la continuidad de esta instancia. Si la defensa consideraba que había medidas de prueba a producir debía informar a Fiscalía”, acotó la representante de la acusación pública y aseveró que sólo es potestad del Ministerio Público Fiscal pedir el sobreseimiento. “Más allá de aspecto formal, esta audiencia fue mal concedida. No sabemos si fue un yerro o mala fe”, deslizó.

El juez concedió la palabra a los defensores que plasmaron su contraposición a Fiscalía y posteriormente definió continuar con la instancia. “Lo que introdujo fiscalía no puede prosperar. Desde 2015 me desempeño como juez de Garantías. Hemos hecho lugar a pedidos de sobreseimientos de buena fe”, afirmó y solicitó encuadrar la audiencia en un artículo distinto del Código Procesal al que fundamentó el pedido.

Fuente: Análisis Digital