Los operativos se produjeron en tres domicilios comerciales de Buenos Aires y el domicilio particular del amigo y socio de Urribarri. “Se secuestró documentación relacionada a Urribarri y su familia, así como computadoras, servidores externos y notebooks”, se precisó según recoge este miércoles “Análisis Digital”.

Otro lugar donde se desplegaron operativos judiciales fue en un domicilio del contador de Urribarri y el empresario Miguel Marizza, José Saúl, donde incautaron “documentos y servidores”. Todo el material está siendo revisado por el Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal (MPF) del Poder Judicial provincial.

El empresario, denunciado periodística y judicialmente

Diego Cardona Herreros fue denunciado por la revista “Análisi” en noviembre pasado. Luego, hubo una presentación penal realizada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet en la justicia. Asimismo, la Fiscalía de Estado comenzó una acción administrativa que podría determinarle serios problemas al empresario. Los sumarios ordenados se activaron después de la publicación periodística y no antes, como tendría que haber ocurrido.

Ni Contaduría General de la provincia ni la Dirección de Informática, hicieron observación alguna a los contratos millonarios del empresario Cardona. Contaduría está cargo de Aurelio Miraglio (muy cercano al viceministro de Economía, Luis Erbes); Informática, que dependía de Carlos Marcelo Haidar, jubilado hace dos meses.

O sea, dos funcionarios muy allegados al empresario paraguayo, que fueron vistos en más de una vez en sus oficinas en avenida Córdoba al 1100 de Capital Federal, como en el reducto de Paraná, también en calle Córdoba, en el mismo edificio donde tiene un departamento Urribarri.

El primer contrato, aprobado por decreto Nº 2082/08 por un importe total de 10.564.205 pesos para la provisión de equipamiento, consultoría y provisión de software, se originó en una licitación pública. Pero dos contratos posteriores serían irregulares, porque prorrogaron el contrato original sin que en los pliegos estuviera prevista la prórroga, según primer dictamen de Fiscalía de Estado.

En esa licitación de 2008 también se benefició a las firmas Excelcom SA y Percom SA, lideradas por Diego Aníbal Urba. Este último es marido de María José Cuestas y cuñado de Alicia Cuestas, esposa de Carlos Canosa, hermano del ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa. Los tres componían el directorio de la empresa que vendió insumos informáticos a la tarjeta estatal y que son investigados por la justicia entrerriana.

La misma crítica le cabe al decreto 4437/10 por el cual se volvió a contratar (por vía directa) a la empresa Relevamientos Catastrales S.A., con el objeto de desplegar e implementar “nuevos desarrollos” tecnológicos en diferentes sistemas de la Administración Provincial.

Hubo también contratos aprobados por Decreto Nº 4609/11 del Ministerio de Economía, adjudicada a Relevamientos Catastrales S.A. (fue la única oferente) por un importe total de USD 1.456.200 y por decreto 788 del 1 de abril de 2015 a la misma firma por monto total de 7.833.600 pesos, con opción de prórroga por seis meses más. Dicha prórroga fue efectivizada por 652.800 pesos por mes, totalizando la suma de 3.916.800 pesos. Se están auditando las razones por las cuales hubo un solo oferente al que le dieron 90 puntos sobre 100 posibles.

Valiero y Erbes, posibles citados

La justicia estudia la posibilidad de citar a declarar al ex ministro Diego Valiero, pero también a su segundo, Luis Erbes, cuya relación con Cardona Herreros era conocida por no pocos funcionarios y allegados a Urribarri. “Era el nexo entre Cardona Herreros y el Ministerio, para llevar adelante los contratos y asegurar las licitaciones al paraguayo”, se indicó.

Pero también está complicado el funcionario Haidar y el ex titular de Sidecreer, Juan José Canosa, además del propio empresario paraguayo Diego Cardona. Canosa direccionó fondos públicos (a través de aparentes licitaciones abiertas) a los miembros del clan familiar compuesto por los Canosa, las mujeres Cuestas, la madre de éstas y el empresario Urba.

O sea que se tramitaron un total de seis expedientes de contrataciones con la firma Relevamientos Catastrales S.A., de los cuales cinco de ellos se realizaron en el Ministerio de Economía y Hacienda de la Provincia y el sexto y último fue tramitado en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

En Trabajo se acordó un precio mensual de 550.000 pesos, resultando un importe total de 19.800.000 pesos. El ministro en ese momento era Guillermo Smaldone, amigo personal de Mauro Urribarri y muy allegado a la familia Urribarri en general. El mismo Smaldone fue luego presidente del Tribunal de Cuentas y nunca hizo controlar ninguno de los contratos de Relevamientos Catastrales.