Al reanudarse en megajuicio por corrupción, este jueves, los defensores José Velázquez, Ignacio Díaz, Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende aseguraron que el Ministerio Público Fiscal (MPF) quiere “penalizar actos de gobierno y aspiraciones electorales”. Sostuvieron que tienen las mismas “evidencias” que la acusación pero la diferencia está en el “enfoque”. Subrayaron que con el debate “se afecta el derecho de defensa”, dado que el publicista Fernando Montañana no puede participar por su enfermedad y aportar la prueba prevista, entre otros cuestionamientos vinculados a la modalidad de desarrollo de la audiencia por los protocolos sanitarios.

La instancia que encabezan los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón se reanudará el próximo lunes a las 9, cuando se espera que exponga el defensor Raúl Barrandeguy para defender al exgobernador Sergio Urribarri de las acusaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Justamente Barrandeguy -que el lunes pasado salió descompuesto de la audiencia y se realizó un hisopado pero dio negativo-, envió a través de sus colegas una certificación médica con una licencia válida por cinco días, por lo cual no pudo presentarse hoy. Esta situación puntual alentó al defensor Ignacio Díaz -que junto a José Velázquez representan los intereses del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez-, a pedir permiso para alegar el mismo día que Barrandeguy.

El tribunal rechazó ese pedido. “Creemos que el tribunal ha sido tolerante. Además, la vía virtual está habilitada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para la actividad. Sin perjuicio del orden que decidan los defensores, y si no terminan hoy pasarán el lunes, no vamos a hacer lugar a pasar desde este momento los alegatos de Barrandeguy y Díaz para el lunes. Tenemos dos segmentos de tres horas”, dijo el presidente del tribunal.

En el salón de Actos del STJ están los fiscales Cecilia Goyeneche, Gonzalo Badano, Patricia Yedro y Juan Francisco Ramírez Montrull. Hoy también asistieron, entre otros, los abogados Marcos Rodríguez Allende, Pedro Fontanetto, Juan Ignacio Méndez.

“Armen un partido”

José Velázquez defendió al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. “Me urge aclarar que el MPF no tiene el monopolio o hegemonía de la verdad. No tenemos que de-construir la verdad que presenta Fiscalía, y también es falso que no somos dueño de la verdad. Estamos en igualdad de condiciones”, introdujo. “El preconcepto de verdad que tiene el MPF es un resabio del sistema inquisitivo”, acotó. Pidió en ese sentido que se evalúen “las acciones de los hombres y mujeres, desde una postura antropológica” y no desde una “postura funcionalista que sólo mira el sistema”.

Preguntó sobre las expectativas que se depositan en los funcionarios políticos y sostuvo que “si hay una imputación objetiva no importa si hay o no dolo”.

Sobre la causa de las imprentas o “causa de la vaca” remarcó que “las contrataciones por vía de excepción están previstas en los procedimientos”. “El inconveniente, si no les gusta la modalidad de contratación, presenten un proyecto y armen un partido político”, desafió.

“No he visto que pidan ‘basta con las contrataciones directas en los medios públicos’. Es imposible contratar medios de comunicación a través de licitación, porque la realidad lo impide. Pese a eso se creó un Registro de Medios, se diseñó un plan de comunicación. Seguramente la nueva gestión lo debe estar perfeccionando”, manifestó. “¿No les llama la atención que en todos lados se contrate en forma directa? A nadie se le ocurre decir que eso es indicio de direccionamiento”.

De inmediato negó que se hayan saltado procedimientos. “Se cumplió con los requisitos, lo que molesta es el poder discrecional”. Después preguntó “¿cómo se certifica en los medios? ¿Se puede perfeccionar? Seguro pero es lo que hay, se sigue haciendo así”.

Sobre los vínculos con familiares y acusados por Fiscalía, dijo que “Paraná es una aldea y tenemos vinculaciones frecuentes pero de eso no se deduce un indicio de ilicitud”. “Si no, donde hay dos o más peronistas hay una asociación ilícita”.

Habló más adelante de “espectacularización del derecho penal”. “En todo lo que es imprenta y cartelería no hay nada referido al sueño entrerriano. En los spot y la solicitada no dice Urribarri 2015. Si el gobierno presentó presupuesto y la Legislatura aprobó está bien, y si no les gusta armen un partido y presenten un proyecto. Esto les puede o no gustar. En ciudad de Bs As eligieron lo que eligieron y no es una discusión penal”, comparó.

Señaló también que “Hay una criminalización de las aspiraciones políticas” en referencia a la campaña de Urribarri para las elecciones presidenciales de 2015. “Nunca fue precandidato Urribarri. Parece que molestan las aspiraciones políticas”.

“Se está llevando este debate en plena campaña electoral. Ningún colega planteó que esto tiene connotaciones políticas porque no las hay, es un juicio penal. Descartemos la moralización del derecho penal. Estamos criminalizando las aspiraciones políticas. Las evidencias del MPF y las nuestras son las mismas. La diferencia está en el abordaje”, completó.

“Tremendas violaciones”

A Velázquez le siguió el codefensor Ignacio Díaz, que también se refirió a la “causa de la vaca”, Global Means y el “sueño entrerriano”. Marcó que los procedimientos administrativos para las contrataciones imputadas por fiscalía no tuvieron observaciones de los organismos de control. Dijo que los fiscales “denigraron” las contrataciones y criticó el desarrollo de la pericia sobre las certificaciones ficticias del Ministerio de Cultura y Comunicación. “Se resolvió por parte de la Dirección de Información Pública colocar a Gustavo Tamay en la función de certificación. El Ejecutivo puso un vehículo a su disposición exclusivamente para la tarea porque tenía que recorrer toda la provincia y constatar in situ la ejecución”, aseveró.

Más adelante habló de “tremendas violaciones en las investigaciones fiscales”. “Se habla de informes con carácter de pericias cuando no lo son. Hay muchos informes así, además realizados por personas, por profesionales sin incumbencia”. “Hubo informes de contactos telefónicos y análisis sobre discos rígidos sin autorización judicial. Ya hemos tratado de invalidarlos”.

En cuanto a la causa Global Means, Díaz contestó: “Acusan connivencia porque la empresa no estaba inscripta como tal al momento de la contratación. Pero la orden de publicidad no es una contratación. En el reverso de cada orden de publicidad, en todas, está establecido que el Estado puede en cualquier momento dejar sin efecto la posibilidad de realización de la obra, o hacerlo parcialmente. La orden de publicidad solo cera una expectativa de posibilidad de realización, pero no da derecho ni crea responsabilidad del Estado ni da derecho al oferente. Después, al dictado del decreto la empresa ya estaba inscripta”.

Sobre el legajo que investiga la solicitada publicada en 18 medios gráficos del país, Díaz aseguró que “no se puede condenar a alguien por convocar a la reafirmación de la democracia”. Aseguró, al igual que el resto de los abogados con los cuales emprende la defensa, que Urribarri no fue precandidato porque la campaña no se enmarcó en fechas de propaganda proselitista establecidas por la Justicia electoral.

“Los spot de la Cumbre del Mercosur no fueron para instalar a Urribarri, fueron porque la provincia fue honrada con esa reunión y se quiso difundir el beneficio de las políticas aplicadas ¿y quién era la cabeza de esas políticas? Se va a probar lo injustificado de las imputaciones en todas estas causas”.