El letrado tomó como base la imputación que había hecho, el año pasado, la fiscal Viviana Ferreyra y la determinación fue notificada a los abogados defensores de cada uno de los imputados. La denuncia había sido formalizada por el ex diputado nacional de la UCR-Entre Ríos, Jorge D’ Agostino, en el 2013.

Casi cinco años después de su denuncia, el juez Gustavo Maldonado decidió procesar a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Germán Buffa. Si bien los actuales legisladores del oficialismo tenían cierta expectativa, de que quizás no iban a quedar con esa condición, evidentemente se equivocaron. Maldonado fue el juez que esta semana les dio el beneficio de cambiar los horarios de las instancias indagatorias en Tribunales, a los efectos de no cruzarse con empleados, magistrados o funcionarios en el edificio judicial, pero, a su vez, los procesó y los dejó camino a un nuevo juicio por un delito de corrupción, que se les suma -en especial a Urribarri y Báez, ambos con fueros legislativos hasta el 11 de diciembre de 2019- a una larga lista de hechos por corrupción en el Estado entrerriano.

A la hora de acudir al edificio del Poder Judicial, esta semana, tanto el titular de Diputados de la provincia, Urribarri como su compañero de bancada Báez presentaron escritos a Maldonado y decidieron no responder pregunta alguna. En los textos, según se supo, ambos legisladores negaron haber direccionado, en 2011, dos contrataciones por la suma de 118.000 pesos en beneficio del empresario Germán Buffa, considerado una persona muy cercana a Báez y actual presidente de la sociedad editora del matutino El Diario, que no sale a la calle desde el sábado último. Ratificaron, a través de sus abogados (Raúl Barrandeguy y Marcos Rodríguez Allende, por Urribarri e Ignacio Díaz, por Báez), aseguraron que la contratación fue transparente y que pasó por todos los organismos de control.

El único que declaró, por espacio de dos horas, fue el empresario Buffa. Lo hizo ante los fiscales Viviana Ferreyra y Gonzalo Badano y en las respuestas se expresó de modo similar a lo que antes habían indicado por escrito Urribarri y Báez.

El año pasado, cuatro años después de la denuncia de D’Agostino, la fiscal Viviana Ferreyra había imputado a los tres en cuestión y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para este mes de febrero.

La denuncia de D’ Agostino advertía que el gobierno de Urribarri adjudicó 1 millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.

Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos. La imputación precisaba que siendo Urribarri gobernador, y Báez director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011, según una síntesis publicada por el sitio Entre Ríos Ahora.

El primero era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de 118.000 pesos. Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.

Según la Fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los 118.000 pesos se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.