“Son lamentables las declaraciones de Mattiauda y más aún las de Bernaudo. Ambos quieren justificar un sistema productivo que la sociedad viene señalando como nocivo para la salud y para el ambiente; y en ese cometido se llevan por delante no sólo a quienes piensan distinto, sino también las normas fundamentales”, expresó Larrarte.

Las definiciones de Larrarte se produjeron luego de que el juez federal, Pablo Seró diera lugar al amparo presentado por seis empresas del rubro agropecuario contra la decisión del Concejo Deliberante de Gualeguaychú de prohibir la comercialización del glifosato en esa ciudad. Tanto Mattiauda como Bernaudo criticaron el accionar de la municipalidad y la validez de la ordenanza.

“Concretamente, los dichos del legislador y del funcionario nacional son contrarios a los principios que informan al derecho ambiental y al federalismo constitucional, ya que, apoyados sobre una decisión judicial que considero equivocada, desconocen el correcto alcance que se le debe dar a la Ley General de Ambiente, que es una ley de presupuestos mínimos, una ley que claramente dice que la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces como las que se han considerado en el Municipio de Gualeguaychú”, precisó Larrarte, que además es abogado.

En ese sentido, el representante del departamento San Salvador en el senado provincial sostuvo que “ambos exponentes reniegan de las decisiones de un órgano político, institucional y constitucional como es un Concejo Deliberante y reniegan de la Constitución Provincial misma, ya que el artículo 22 nos da todos los entrerrianos el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano”.

Además, recordó que “el artículo 240 nos dice que los Municipios tienen competencia en materia de protección del ambiente y del equilibrio ecológico y que pueden ejercer acciones de protección ambiental incluso más allá de sus límites territoriales, en tanto se estén afectando o puedan afectarse los intereses locales”.

“Creo que Mattiauda tendría que haber prestado más atención en la asamblea legislativa, porque nuestro Gobernador Bordet ha sido claro, desde el inicio del mandato, al decirnos que “es consciente de que en el desarrollo de la actividad privada es donde se generan la riqueza, el empleo genuino y los impuestos que necesita el Estado para su actividad, por lo que promover el crecimiento económico es un beneficio múltiple””, citó Larrarte, y agregó otro tamo de las palabras de Bordet: “También digo al sector privado, motor de este proceso virtuoso, que es necesario revisar los modos de producción en función de los perjuicios ambientales que generan las actividades como la agricultura intensiva y migrar de los reclamos superestructurales a una plataforma institucional dónde se puedan debatir ideas, pero teniendo claro que las dotes que la naturaleza le brindó a Entre Ríos, hablo de nuestros maravillosos recursos hídricos, son el bien superior a custodiar”.

Tras advertir que “este tema no es un juego, es serio”, Larrarte también destacó como “llamativo” que “nadie se hiciera cargo de rebatir los argumentos por los cuales algunos legisladores no votamos el proyecto de ley en el Senado entrerriano”.

“No se puede resumir el debate tan livianamente, más cuando estamos ante decisiones de un órgano llamado por la misma constitución a tomar ese tipo de decisiones. Es más, creo que no se puede, alegremente, decir que no hay rigor científico cuando el año pasado conocimos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con la proliferación del cáncer; como tampoco se puede decir que los concejales no tienen capacidad ni atribuciones”, continuó el legislador peronista.

Por otra parte, Larrarte señaló que “Bernaudo expresa la intención del gobierno nacional de ir hacia un modelo agropecuario que va a contramano de los países que entienden que la producción intensiva con agrotóxicos implica un riesgo grave para el ambiente y las poblaciones”, y rechazó “las denominadas Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), un combo de postulados desarrollado por compañías como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont, en alianza con organizaciones que consideran a los agrotóxicos insumos inocuos y biodegradables”, sentenció.

Por último sostuvo que “La pregunta que debería hacerse Bernaudo es qué decisión correspondería adoptar si el Focus contamina (en alusión al ejemplo que dio el funcionario nacional en una entrevista radial), porque quizás no sepa o no recuerde lo que pasó con los automóviles diésel de Volkswagen en países que cuidan el ambiente”.