El gobierno entrerriano pretende tocar la ley de partidos políticos en el marco de una reforma integral, que exceda lo electoral. En este punto hay coincidencias sorprendentes, como las de Cáceres con Vitor.
En el primer año de su segundo mandato, ya sin reelección, la voluntad política de Bordet es recuperar el proyecto de código electoral –que contiene boleta única de papel, representación de minorías y paridad de género- y sumar al paquete el financiamiento de los partidos.
La ministra de Gobierno, Rosario Romero, ya tiene un argumento para unir una cosa con la otra: el sistema de boleta única permitiría ahorrar el enorme gasto de impresión de boletas sábanas que el Estado viene aportando a los partidos en cada elección. El Estado entrerriano seguiría dando ese dinero a los partidos, pero destinado a su sostenimiento. Esto es, el financiamiento estatal de la política no supondría un nuevo gasto, sino el redireccionamiento de un gasto que ya existe, más allá de que los fondos puedan finalmente ser mayores y, lo más importante, estables.
La lógica de un aporte estatal encuentra argumentos en la necesidad de transparentar de una vez el financiamiento de la política, lo que supone atacar un mal recurrente de las últimas décadas: grandes empresarios que luego se cobran sus aportes de campaña con obra pública; cajas negras de la política que salen de falsear las propias cuentas públicas; y hasta el desembarco del narcotráfico que usa aportes de campaña para lavar dinero y condicionar el poder surgido de las urnas.
Así planteado, es un debate con el que la dirigencia política puede mostrarse, ante la sociedad, interesada en abandonar vicios que con tanta espectacularidad han salido a la superficie en los últimos dos años en Entre Ríos, con la condena al ex intendente Sergio Varisco por sus vínculos con el narcotráfico y los contratos como medio para la sustracción de fondos públicos en la Legislatura.
También puede aportar a la idea de una profundización de la discusión democrática, ya que se tendería a igualar las condiciones de competencia electoral entre los partidos grandes y los nuevos.
Alcances
Para la reforma a la ley de partidos políticos se tomarán los antecedentes existentes en la Legislatura. El más reciente es un proyecto de 2018, de autoría del reelecto diputado provincial de PRO, Esteban Vitor, que propone destinar el 0,1% del presupuesto de la provincia para conformar un “Fondo Partidario Permanente Provincial”.
La ley provincial Nº 5.170 permite al Estado otorgar subsidios sólo a los partidos políticos provinciales y deja en manos del Poder Ejecutivo el criterio de esa asistencia financiera. El proyecto pretende regular ese financiamiento por parte del Estado provincial y extenderlo a los partidos municipales.
La iniciativa prevé además la bancarización de los aportes privados para permitir una identificación fehaciente de los donantes. Se propone “transparentar el origen de los fondos de financiamiento para evitar las múltiples posibilidades de lavado de dinero, fundamentalmente del dinero proveniente del narcotráfico”.
También se pone un límite al financiamiento privado: las donaciones dinerarias no podrán exceder dos veces y media del importe total que corresponda asignarle en concepto de aporte público.
Fortalecer los partidos
Con el concepto de financiamiento estatal que propone el jefe de la bancada de PRO está en principio de acuerdo un diputado tan peronista como José Cáceres, secretario general del PJ de Entre Ríos.
“Se tiene que crear un fondo para el financiamiento, con el criterio de la Nación: una base común y proporcional según los votos de las últimas elecciones. Pero tal vez emparejando un poco más. Esto haría que los partidos compitan en condiciones de mayor igualdad”, le dijo a Página Política. “Lo importante es fortalecer el rol de los partidos en la política”, remarcó Cáceres.
Habrá que ver como finalmente se terminan planteando estas reformas, si por separado o como parte de un paquete. Si fuera todo junto, por ejemplo, es probable que Cáceres no acompañe, por su conocida posición crítica a la boleta única, que entiende le resta peso a los partidos.
Siempre se menciona el caso del humorista Miguel del Sel -que estuvo a punto de ser gobernador de Santa Fe- como un ejemplo de cómo la boleta única permite que un alto nivel de conocimiento público o una abultada billetera para publicidad pueda reemplazar la discusión de proyectos políticos.
Quizá el modelo cordobés, que permite el voto por boleta completa de un partido, podría acercar posiciones en este debate. A diferencia del modelo santafesino (que inspiró al proyecto de código electoral impulsado por Bordet en 2018), en Córdoba es más fácil votar por todos los candidatos de un partido con solo marcar una cruz.