Horas después de conocerse el inesperado y abultado triunfo de Alberto Fernández y haberse roto la burbuja que tuvo a buena de los actores con funciones en el Estado leyendo una realidad que no era, apareció, con fuerza, una pregunta en algunas oficinas alrededor de Plaza Mansilla: ¿qué sucederá con las causas de corrupción que tramitan en la Justicia y que tienen como imputados a funcionarios y ex funcionarios enrolados en el justicialismo? No llama la atención que la pregunta se formule desde la política, lo preocupante es que la misma inquietud circule en los despachos de los tribunalicios. ¿No estábamos ante un Poder Judicial independiente?
Las investigaciones que se llevan adelante en los tribunales entrerrianos no deberían ser impactadas por el resultado electoral y un posible cambio de gobierno nacional, porque precisamente la mayoría de las causas, incluso las más importantes, se iniciaron durante un gobierno justicialista: el de Gustavo Bordet. ¿Por qué, entonces, cambiarían los destinos de esos legajos con una administración nacional del mismo color político que la provincia?
Sin embargo, en ese mismo sector político, el peronismo, hay lecturas y especulaciones disímiles en torno al resultado de este domingo y el devenir de las causas.
El hilo conductor de la política y la justicia transita el mismo camino, el fuero penal. Hace unos años, con la implementación del sistema acusatorio, Jorge Amílcar Luciano García se convirtió en un nuevo zar sin ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Desde el Ministerio Público Fiscal supo construir una estructura de poder de fuego con penetración en la clase política. Es quien decide qué se investiga y qué no. Esa organización requirió de un sostén mediático y político que le permitió fijar una agenda judicial.
El zaffaroniano procurador general debe haber recibido con gratitud los resultados de este domingo. No solo se jacta de tener una admiración por Eugenio Zaffaroni, uno de los intelectuales que firmó la solicitada en apoyo a la fórmula Fernández – Fernández; sino que ha dicho que no es su estilo “espectacularizar” los procesos penales. En un acto público, el año pasado, aseguró ante toda la comunidad judicial que Entre Ríos no ocurrían los episodios que se motorizaban desde Comodoro Py en tiempos de Macri como sacar a un ex funcionario en piyamas, en alusión a Amado Boudou. Es lo que viene diciendo el candidato presidencial del Frente de Todos cuando apunta al fuero federal de Buenos Aires.
En voz baja
Algunos abogados defensores de ex funcionarios enrolados en el Frente de Todos con procesos abiertos se animaban a decir en voz baja hace unos días que sus estrategias estaban atadas a los resultados de las elecciones. Otros preguntaban qué sucedería con la causa de los contratos truchos, que atraviesa a buena parte de la dirigencia, mucha de ella en funciones en la actualidad. La incertidumbre viene en ascenso desde que se dejó trascender que los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro quieren ir para arriba en las responsabilidades del desfalco de 2 mil millones de pesos durante una década en el seno de la Legislatura.
Por eso García en muchos sectores del PJ es garantía. El ejemplo más claro fue cuando hace unas semanas anunció el cierre de la causa de los contratos truchos, la más escandalosa de todas las que se tramitan.
Quienes no cuentan con el beneplácito del sector ganador en las urnas son precisamente las partes política y mediática que conforman esa cooperativa que integra el procurador. A la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, la sindican en ese campamento. Sería la parte PRO del grupo y no siempre coinciden en los mismos intereses. Ahí aparece otro hilo conductor: Sergio Varisco.
La presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, posteó en su perfil de Facebook una selfie ejecutada por Goyeneche. Por esas horas el marido de la procuradora y contador del Concejo Deliberante, Sebastián Orlando, posó con Rogelio Frigerio. Varios dirigentes, sobre todo radicales y peronistas, la hicieron circular. En las alianzas judiciales también se expresa la crisis partidaria. Son épocas de frentes estratégicos.
Las causas en las que se investigan delitos en la administración pública, buena parte de ellas, están con fecha de audiencias para elevar a juicio. Otras han avanzado y otras no. La pelota, en última instancia, no queda en el ámbito del Ministerio Público Fiscal sino en la Sala Penal del STJ.
Fuente: Página Política
