Tras la publicación de nuestros colegas de NOTICIAUNO sobre la aprobación “entre gallos y media noche” de una nueva ley que legitima la fumigación con glifosato, el Foro Ecologista cuestionó la “regresividad” de la norma que no tuvo respaldo unánime en el recinto. Larrarte, Canali y Blanco se opusieron.

NOTICIAUNO publicó ayer "Alerta glifosato: entre gallos y media noche senadores dieron luz verde a las fumigaciones". Sorpresivamente y en sesiones extraordinarias, los senadores provinciales aprobaron sobre tablas un proyecto de ley que ingresó a última hora y que autoriza las fumigaciones aéreas y terrestres con agroquímicos a solo 500 metros de viviendas y escuelas. La iniciativa, que pasó a Diputados, deja sin representación a las organizaciones ambientales y sólo prevé llamados de atención y multas para los fumigadores.

A partir de dicha publicacón se pusieron en alerta las organizaciones ambientales y las críticas no se hicieron esperar.

El Foro Ecologista salió al cruce de los legisladores que votaron a favor de la medida: "Muchos de los que votaron a favor se dedican a la actividad productiva", fustigó Aldana Sassia. En esa línea, aseguró: "La diferencia de visiones que se pudo ver en el debate tiene que ver con organizaciones que defendemos el derecho a la protección de la salud y de un bien colectivo, mientras que los legisladores defendieron una actividad netamente privada". Los senadores Lucas Larrarte, Héctor Blanco y Pablo Canali votaron en contra del proyecto que tuvo media sanción en la Cámara Alta.

“La diferencia de visiones que se pudo ver ayer -por este martes- en el debate en Senadores tiene que ver principalmente en que las organizaciones defendemos el derecho a la protección de la salud y de un bien estar colectivo, mientras que los legisladores defendieron una actividad netamente privada, que sólo beneficia a los que se dedican a la actividad. Durante el debate quedó bien en claro cuáles son los intereses de las partes”, disparó Sassia.

La representante del Foro destacó “a los senadores que votaron en contra de la iniciativa, como Lucas Larrarte, Héctor Blanco y Pablo Canali. Nos parece una actitud destacable, sabiendo cuáles son los intereses que hay detrás, y teniendo en cuenta que muchos de los que votaron a favor se dedican a la actividad productiva. Es importante recordar que los legisladores fueron elegidos para defender los derechos de la población y no sus propios intereses”.

En tanto, adelantó que desde el Foro prevén llamar a una mesa de diálogo de cara al debate de la iniciativa en Diputados, con “el objetivo de discutir el proyecto con la mayor cantidad de representantes que se pueda”.

Proyecto sin debate

Sassia recordó que las organizaciones ambientales no fueron convocadas a la hora de la elaboración del proyecto: “No fuimos convocados especialmente, sino que el Foro participó de la especie de audiencia pública que llevaron a cabo en el mes de mayo en Villaguay, aunque no haya cumplido con los requisitos para constituirse como tal”, aseguró.

Además, recordó que en aquella oportunidad pudo exponer una sola persona por agrupación, en la que también hablaron representantes de la Federación Agraria y del Colegio de Ingenieros Agrónomos “con una visión bastante progresista para lo que es la mirada de esos órganos, y que parecía estar bastante en contra de la iniciativa”.

“Mientras tanto, nosotros fuimos dando a conocer cuál era nuestra postura y en noviembre presentamos un petitorio al Gobernador y a los senadores para convocar a una mesa de diálogo con representantes de pueblos fumigados, organizaciones ambientales, colegios de ingenieros, de la secretaría de Medioambiente, y del ministerio de Salud”, expresó.

“No obtuvimos respuesta, y nadie nos convocó por lo que pensamos que su tratamiento pasaría para el año próximo. Mientras tanto, ayer trataron el proyecto sobre tablas sin pasar por comisión, en una sesión extraordinaria de un 26 de diciembre, un día en que muchas de las personas que tienen interés en debatir no lo pudieron hacer. Evidentemente alguien tiene mucho interés en que esto salga”, opinó Sassia.

Órgano de aplicación

Uno de los principales puntos criticados por el Foro Ecologista es la falta de participación del ministerio de Salud.

“Según establece el proyecto, el órgano de aplicación será la Secretaría de la Producción, que tiene una mirada basada en la productividad de los suelos, pero no tiene ningún tipo de incumbencia ni los medios para establecer cuáles son los riesgos en la salud de utilizar productos fitosanitarios. Por ello, pedimos que el órgano sea tripartito y esté compuesto por el ministerio de Salud, y las secretaría del Medioambiente y Producción”, opinó.

En este sentido, aseguró que la directora de la maternidad del Hospital San Roque ya alertó sobre los casos de cáncer, muertes, abortos o nacimientos con malformaciones que se presentan en niños del interior de la provincia: “Creemos que es una cuestión en la que se ponen en juego los derechos a la salud y a un medioambiente sano que están por encima de una actividad productiva”, dijo.

“Es una ley regresiva”

Otro de los puntos fuertemente criticados del proyecto es el límite que impone para las fumigaciones aéreas con productos fitosanitarios.

Al respecto, Sassia explica que “la actual resolución establece en tres mil metros el límite de todo tipo de fumigaciones aéreas respecto de las plantas urbanas, mientras que una ley que sale 30 años después dispone esa distancia, pero sólo para las categorías más dañinas, teniendo en cuenta los niveles de toxicidad dispuestos por el Senasa”.

“Se aparta del principio precautorio”

También aseguró que el proyecto de ley contiene en sus fundamentos “meras expresiones de deseos”, ya que establece que “se pueden” a realizar convenios con universidades o municipios con el objetivo de resguardar y proteger la salud de los entrerrianos.

Por último, desde el Foro Ecologista criticaron que “uno de los Artículos establece que el derecho a la salud se va a respectar por sobre el de producción, pero una vez que se haya constatado el daño, apartándose del principio precautorio. Es decir que primero se tiene que constatar que los agrotóxicos efectivamente hayan causado cáncer para respetar el derecho a la salud”, finalizó.

Fuente: NOTICIAUNO//Apf