Los intendentes entrerrianos habían sido procesados en febrero por el juez federal Claudio Bonadío por el manejo supuestamente irregular de fondos asignados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para el desarrollo de un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

El programa en cuestión surgió como parte de una estrategia nacional basada en principios de preservación de la salud pública, preservación ambiental, disminución en la generación de residuos y la generación de mecanismos de disposición final y eliminación de basurales a cielo abierto. Entre 2013 y 2015, se giraron más de 604,5 millones de pesos a más de un centenar de municipios. Doce municipios entrerrianos recibieron alrededor de 9 millones de pesos para la realización de distintos proyectos, como erradicación de basurales, confección de rellenos sanitarios, la construcción de plantas de tratamiento y compra de maquinarias, entre otros objetivos.

La justicia considera que “quienes controlaban Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos incurrieron en un reparto discrecional de los caudales que debían custodiar, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines”. Por eso están procesados los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, otros ex funcionarios nacionales e intendentes.

Sin embargo, la Cámara Federal dictó la falta de mérito para los cuatro jefes comunales entrerrianos porque consideró en su caso que pudieron haber incurrido en “desajustes que sin más no pueden ser traducidos como una maquinación para afectar las cuentas nacionales”, según consta en el fallo al que accedió Página Judicial.

En el caso de Hasenkamp, sostuvo el tribunal que la imputación que se le hacía al intendente Juan Carlos Kloss era por haber destinado un remanente de los fondos asignados por el Gobierno nacional a la construcción de un tinglado que formaba parte de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Al intendente Vázquez, de San Benito, se le reprochaba que “adquirió un camión recolector, un tractor y dos contenedores plásticos, dejando inconclusos ciertos objetivos del convenio” con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

En cuanto al intendente José Luis Dumé, de Oro Verde, se le cuestionaba que “ejecutó el presupuesto hasta satisfacer gran parte del acuerdo pero reemplazó cuatro de sus ítems –compactador, autoelevador, acoplado y contenedores– por otros insumos tales como una chipeadora y una cinta de derivación de residuos”.

El caso de Erro, intendente de Gualeguay, es directamente ridículo: se cuestiona la compra de una máquina retroexcavadora por un valor de 1,3 millones de pesos, cuando el dinero que se le había asignado para ello era de 974.843 pesos; es decir, debió asignar fondos municipales para completar el valor de la maquinaria.

El tribunal, además, confirmó el procesamiento de 44 intendentes como partícipes necesarios de una administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; y dictó la falta de mérito de otros 42 jefes comunales, entre los que se cuentan los entrerrianos.