El nombre de Sergio Urribarri se leerá, en las próximas semanas, con asiduidad. Seguramente también en los medios porteños, y no precisamente en el plano de lo electoral.
El ex gobernador enfrentará la semana que viene, en rigor a partir del miércoles, las audiencias de casación por la sentencia que lo condenó a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En esa instancia ni los propios creen que tendrá un ápice de suerte. El tribunal integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Gustavo Pimentel, probablemente, ratifique lo resuelto por el tribunal.
Pero el devenir judicial del ex mandatario no queda allí. La próxima parada – según supo Página Política – será la elevación a juicio de una causa delicadísima por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la que está imputado también el empresario Diego Cardona Herreros.
Lo que se investigó fueron dos contrataciones realizadas con la empresa “Relevamientos Catastrales”, de Cardona Herreros, con los ministerios de Trabajo y de Economía durante la primera gestión de Urribarri por un valor de $19 millones y $7,8 millones, respectivamente. La remisión a juicio está a cargo de los fiscales Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull. Aún resta resolver un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) interpuesto por la defensa de Urribarri. El legajo es delicado por el material fílmico. Muy delicado por lo que se ve y por quienes se ven allí.
El 3 de mayo del año pasado el ex mandatario y el empresario paraguayo habían sido sobreseídos por el juez de Garantías, Mauricio Mayer, al considerar que la Fiscalía dejó vencer los plazos de la investigación penal preparatoria sin producir avances significativos. Sin embargo, el juez Elvio Garzón revocó esa decisión.
Otra
El Ministerio Público Fiscal -le confirmaron a Página Política– convocará a Urribarri en carácter de imputado en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. Es decir se le leerá los hechos por los que se lo investigó a partir de 2016.
La causa involucra también a la familia de Urribarri. En el legajo surge información a la que se llegó por allanamientos ordenados en su momento por los fiscales Santiago Brugo y Yedro. También se hicieron en Buenos Aires, precisamente en el edificio donde está registrada la empresa Kriptax Inc SA, una sociedad anónima que su hijo Mauro y Sergio Damián Urribarri, compraron en el año 2008.
Los fiscales que entienden en el legajo son Badano, Yedro y Ramírez Montrull.
Urribarri se encuentra en una situación complicada desde el momento en que tiene sobre sus espaldas una condena de 8 años de prisión efectiva.
Fuente: Página Política