La definió el Tribunal Oral Federal de Rosario. Dispuso también extender la prisión preventiva de Marcelo Alejandro Acosta hasta mayo de 2018. El chofer oficial del gobierno de Entre Ríos fue sorprendido, en 2014, con 20 kilos de cocaína.
Los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Otmar Paulucci, tendrán a su cargo el juicio contra Acosta y otras cinco personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de drogas, con ramificaciones en distintos puntos del país.
El tribunal resaltó que "las restricciones de la libertad de una persona durante el proceso sólo puede tener fines cautelares y no sancionatorios pues si esto último sucediera, se atentaría contra el principio de inocencia" y advirtió que los únicos motivos que justifican dicha restricción de la libertad antes del dictado de una condena son "los denominados riesgos procesales: que los procesados intenten eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación".
Así llegó Acosta a la prisión preventiva
Acosta fue detenido el 13 de mayo de 2014, cuando circulaba a bordo de un automóvil Peugeot 307, chapa patente EEG-741, por una ruta en cercanías de Rosario. En el vehículo llevaba 20 kilos de cocaína de máxima pureza. Un dato que llamó la atención cuando la revista ANÁLISIS dio a conocer la detención de Acosta, tres meses después, fue que ese mismo automóvil había sido utilizado unos días antes por Gonzalo Caudana, uno de los jefes del narcotráfico en Paraná.
La detención de Acosta derivó en una serie de allanamientos en las localidades de San Lorenzo, Rosario, Funes y Roldán, en la provincia de Santa Fe, que terminaron con la captura del jefe y financista de la organización, Víctor Hugo Grgicevic, alias Lagarto. También fueron detenidos Víctor Fabián Grgicevic, señalado como organizador de las actividades de transporte de estupefacientes; Edgardo Emilio Refour, Constanza Melisa Baldi y Martín Rodrigo Oliva, que colaboraban en el transporte.
Acosta está acusado de colaborar en actividades de comercio de estupefacientes, en su caso como transportista, agravado por la intervención de más de tres personas, y podría recibir una pena de entre 6 y 20 años de cárcel. Mientras tanto, está suspendido en sus funciones y tiene abierto un sumario administrativo.
La investigación se había iniciado 5 años antes, centrada en un narcotraficante internacional que se había instalado en Misiones, en una chacra que tenía muy cerca del río Paraná, y desde allí gestionaba el ingreso de importantes cargamentos de marihuana provenientes de Paraguay, para luego insertar la droga en distintos mercados, sobre todo, en Chile y la Patagonia argentino.
En su momento, el juez federal de Eldorado (Misiones), José Luis Casals, detectó que el narcotraficante tenía también una base operativa en Rosario y que sus nexos se extendían por todo el Litoral. Así estableció sus vinculaciones con los integrantes de la banda de Los Lagartos. Finalmente la investigación se desdobló y el caso de Acosta terminó en manos de la justicia rosarina.