Es frecuente que los periodistas contemos episodios aislados, sin que se conozcan los por qué, las causas, sin una narrativa que muestre la secuencia de acontecimientos y la cadena de responsabilidades que condujeron hasta el presente. Esta falencia de la labor de los medios llevó al genial G.K. Chesterton –muy admirado por Jorge Luis Borges- a disparar aquella frase cargada de ironía: “El periodismo consiste esencialmente en decir 'lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que lord Jones estaba vivo”.
Cuando lo que se intenta comprender es un asunto público, y especialmente si están involucrados fondos y/o bienes de toda la sociedad –por caso, el predio perteneciente al Estado provincial en el ex Establecimiento Metalúrgico Colón-, esa secuencia, esa línea de tiempo, esos antecedentes, deben estar disponibles para cualquier ciudadano que –como en Mayo de 1810- quiera saber de qué se trata. Es una condición básica y esencial de la institucionalidad republicana. ¿Están disponibles en este caso puntual? No lo parece…
Si, habiendo pasado más de 20 años desde que se gestara una entente entre el Estado Provincial y una gran empresa como Flecha Bus, buena parte de la comunidad recién ahora siente que se “desayuna” de que ese arreglo existió… está visto que la transparencia no abundó… Volviendo a Chesterton… nos enteramos de que Lord Jones acaba de morir sin que supiéramos antes que llevaba dos décadas vivito y coleando…
¿Cómo fue la trama de aquel contrato público-privado? Suponiendo que no hay nada que ocultar, valdría que los firmantes expongan toda la documentación, colocándola arriba de la mesa, lo que en épocas de internet significa subirla a la web, a la vista de toda la ciudadanía. Tal vez así se pueda responder a una larga la lista de preguntas.
¿Por qué el Estado provincial, que suele alquilar propiedades para sus reparticiones porque carece de edificios propios, resolvió entregar esos enormes galpones de la ex Metalúrgica Colón a una firma privada con fines de lucro? ¿Hubo algún cotejo entre oferentes o una licitación para seleccionar a Flecha Bus como locataria? ¿Cuál fue el justificativo invocado y de qué manera contribuiría al bien común, aparte del monto mensual del alquiler? ¿Medió –como se dice- un proyecto fabril para producir carrocerías que –está a la vista- nunca se concretó? ¿Qué precio se pactó? ¿Fue abonado mes tras mes como se le exige a cualquier inquilino? ¿Cuál fue la cláusula de actualización del alquiler o no la hubo? ¿Acaso nunca se actualizó y –como se escucha decir a modo de versión- siguió siendo la misma cifra entre 2003 y 2023… 2000 pesos…? ¿Con qué respaldo legal funcionó allí la concesionaria de autos que todo Colón pudo ver desde el acceso, exhibiendo su mercadería y vendiéndola en instalaciones estatales?
¿Acaso el “proyecto fabril” era eso, una venta de automóviles? Y si hubo renovación contractual, ¿fue un premio al “buen comportamiento” del locatario? ¿Le exigieron al menos un “libre deuda” como el Estado demandan a cualquier hijo de vecino por cualquier trámite básico? ¿Auditaron in situ los avances del proyecto fabril comprometido?
Hasta el momento de escribir estas líneas, después de infinidad de consultas, sólo fue posible rescatar algunas piezas del rompecabezas. Las demás, quizás aparezcan en los próximos días. Que así sea.
De este incipiente “rescate arqueológico” surge un primer dato firme: el contrato inicial que entregó a Flecha Bus el lugar data del 5 de diciembre del año 2003, cuando gobernaba Entre Ríos Sergio Montiel, en el crítico escenario de las cuasi monedas y el BOFE. En aquel momento, el alquiler pactado fue de $ 2000 mensuales. El dólar cotizaba a 2,98 pesos, de modo tal que el precio convenido fue de 671 dólares para hacerse de instalaciones que ocupan 1,35 hectáreas…
El plazo del alquiler fue estipulado en 10 años, por lo que venció en 2013. Pero el contrato incluyó una cláusula que decía: “el locatario (Flecha Bus) tendrá la opción de renovarlo por igual plazo con una anticipación de 60 días”. ¿Qué pasó? Por lo que se deduce de una respuesta de Fiscalía de Estado ante una consulta que se le formulara en el año 2018, hubo una renovación “tácita” por 10 años más. O sea, hasta 2023.
Habría que suponer que esa “década ganada” fue otorgada previa verificación de que el objetivo de la contratación se estaba cumpliendo, que el inquilino pagaba y que los valores del alquiler eran razonables. Si no mediaron esas constataciones, si en realidad lo que pasó es que se miró hacia otro lado, habría que concluir que las autoridades provinciales en 2013 incurrieron en un grave incumplimiento de sus deberes de funcionarios, descuidando el patrimonio público bajo su tutela en beneficio de un privado.
Por entonces, el gobernador era Sergio Urribarri y el Fiscal de Estado era el mismo que en la actualidad; o sea, Julio Rodríguez Signes. ¿Qué actuación tuvieron en resguardo del patrimonio público que el pueblo les había confiado administrar? ¿Y de ahí en adelante? ¿Cómo procedió la gestión de Gustavo Bordet –junto al mismo fiscal de Estado- cuando, diez años después, en 2023, se aproximaba la fecha (30 de noviembre) de finalización del contrato? ¿Hubo alguna negociación con Flecha Bus para renovarlo? ¿Cómo fue ese intercambio? ¿En qué términos? Otra vez: pongan la documentación arriba de la mesa y todos nos quedamos tranquilos.
Conocer de punta a punta el camino transitado desde la quiebra de la Metalúrgica y desde aquel contrato de alquiler en 2003 hasta el presente serviría para comprender cabalmente lo que en estos días es noticia. Es decir, que hay una empresa que se resiste a desocupar (no se entiende con qué razones) y un nuevo gobierno provincial que no titubeó en dar por caído el alquiler y acceder al pedido de la Municipalidad de Colón, entregándole las instalaciones en comodato.
Que el intendente José Luis Walser haya solicitado el lugar para la comuna y que el gobernador Rogelio Frigerio haya accedido son decisiones que lucen, prima facie, absolutamente razonables, en tanto alineadas con el bien común. La Fiesta de la Artesanía y la Feria Binacional de la Industria y la Producción son solo dos ejemplos de usos en favor de TODA la comunidad, que contrastan y mucho con la “concesionaria” o con ese “cementerio” de colectivos que solía verse desde calle San Martín.
A nuestras comunidades de poco les sirve dejarse atrapar por las “fiebres” ideológicas extremas hoy tan de moda, hechas de estatismos y antiestatismos enfermizos e insensatos. Colón necesita de su Estado municipal y del provincial, que velen por el bien común, incluso si ello implica en ocasiones poner límites a intereses privados desmedidos o desordenados. También necesita de empresas exitosas, que encuentren condiciones propicias para arriesgar e invertir, que generen empleos y que contribuyan al desarrollo local.
Ver a Estado y empresas como enemigos sería una estupidez. Sería una pérdida de tiempo dejarse atrapar por una dialéctica de confrontación entre Municipalidad y Flecha Bus. No haría honor a la rica historia de 161 años recién cumplidos por la ciudad. Tampoco honraría la memoria de don Hugo Derudder, a quien de niño pude ver –y admirar- con su mameluco cubierto de grasa, tirado debajo de los colectivos de “Transporte La Flecha”, vehículos que, ya siendo estudiante universitario, me llevaban hasta Villaguay.
Se trata simplemente de que no haya margen para los abusos. Ni privados que incurran en esa vieja estratagema que consiste en “privatizar” ganancias y “socializar” pérdidas y costos, trasladándoselos al Estado. Ni un Estado que se vuelva máquina de impedir, con burocracias que derrochan a costa de una ciudadanía asfixiada por los impuestos. Como tampoco debe haber margen para esa otra versión del Estado, igualmente nefasta, haciendo negocios con los amigos y permitiendo, por acción u omisión, que el patrimonio de “todos” sirva sólo a unos “pocos”.
En cuanto a los ciudadanos, el asunto puede que también nos desafíe. No sea que nos rasguemos las vestiduras condenando al responsable de algún comedor comunitario que recibe fondos públicos y mintió respecto de la cantidad de comensales (por poner un ejemplo); o que carguemos implacables, justicieros, contra el que cobra un “plan social” sin contraprestación (otro ejemplo); pero nos volvamos complacientes, timoratos, a la hora de exigir control riguroso de un contrato entre una firma líder que durante 20 años se hizo de un predio estatal y ni siquiera sabemos cuánto pagó de alquiler y por qué lo usó para una concesionaria de autos…
Un último interrogante: ¿hay otros bienes del Estado entrerriano (edificios, campos, lo que fuera) alquilados a empresas privadas? De ser así, sería una gran contribución que se publicara una lista detallada y que hubiera un seguimiento de cara a toda la ciudadanía… De tal modo que si a futuro nos anoticiamos de que algo le pasó a Lord Jones, por lo menos estemos enterados de su existencia…
Fuente El Entre Ríos