Desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos expresaron en un comunicado su “preocupación por las modificaciones que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, conocido como Ley Ómnibus, plantea respecto de la Ley Micaela (27.499)”.
En ese sentido, señalaron que “las variaciones pretendidas dejan sin efecto la obligatoriedad de la capacitación en género para los y las integrantes de los tres poderes del Estado, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos”.
“La Ley Micaela constituye una conquista en la progresiva construcción de respuestas a los múltiples femicidios y violaciones a los derechos de las mujeres y otros colectivos discriminados por razones de género”, subrayó la entidad.
Y completó: “Las modificaciones pretendidas implican un retroceso en el camino hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”.