Fue luego de que se conociera que el presidente de la Sociedad Rural pretendiera cobrar $ 500 mil de la entidad para equiparar su sueldo con el de funcionario.
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, aún desconoce si se impulsará algún tipo de investigación especial sobre el pago de $ 500 mil que le otorgó la Sociedad Rural (SRA) al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. El funcionario había solicitado a la Comisión Directiva de la entidad ganadera que aprueben un bono tendiente a compensar la pérdida de ingresos que sufrirá por aceptar el cargo en el Gabinete.
En este sentido, al momento de ser designado ministro de Agroindustria, el organismo que conduce Alonso le envió a Etchevehere la nota número NO-2017-29358400-APN-OA#MJ a través de la cual se le dieron instrucciones en base a la Ley de Ética Pública.
En dicha carta se le informó al funcionario que debía renunciar a su carácter de presidente de la SRA, “así como a cualquier cargo remunerado y honorario que allí desempeñe, como condición para el ejercicio de su cargo público”.
Los especialistas en prevención de la corrupción y formulación de políticas de transparencia sostienen que el caso Etchevehere podría enmarcarse en la figura de pago de dádivas de una entidad a un funcionario y/o violación a la Ley de Ética Pública.
Es que, si bien en la SRA aseguran que el pago de medio millón de pesos se dio antes de la jura de Etchevehere el pasado 21 de noviembre, lo cierto es que el ministro fue elegido en el cargo el 31 de octubre en una conferencia que brindó Marcos Peña.
A partir de ese día, Etchevehere empezó a cumplir tareas de ministro ya que comenzó, desde una oficina en Casa Rosada, a recibir a dirigentes del sector para delinear las políticas a seguir y designar a sus colaboradores (secretarios y subsecretarios).
En los pasillos de la SRA sobre la calle Florida cuentan que se apuraron al máximo los plazos de la votación y el pago al ministro porque preveían que podría haber irregularidades que derivarían en acciones si todo se efectivizaba después de la jura.
Aún no queda claro por qué el pago del "bono" a Etchevehere se sometió a una votación en la Comisión Directiva de la SRA (que terminó 14 a 11) si se trató, como dicen en la entidad, de una “contingencia impositiva” o “liquidación final” de haberes.
Además, a los que entienden del tema les resulta un tanto curioso que dicha “liquidación final” haya sido por una suma idéntica a la que reciben los ministros nacionales por tres meses de trabajo (90 días es el plazo que suelen demorar en cobrar su primer salario).
Esto porque se sospecha que Etchevehere le pidió a la SRA algún tipo de compensación por, justamente, la pérdida que tendrá por estos tres meses sin cobrar. El tema es que en 90 días cobrará la totalidad en un pago y se descuenta que no devolverá los $ 500 mil.
El artículo 256 del Código Penal es claro: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva”, señala la norma.
En un balance de año, Laura Alonso afirmó que “el Estado se ha comprometido a luchar contra la corrupción promoviendo reformas legales, administrativas y tecnológicas para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y el control de los funcionarios”.
El tema que deberá establecer la titular de la OA -si lo investiga- es si Etchevehere de alguna manera ostentó su cargo, su poder y su influencia para condicionar la votación en una organización que presidió durante cinco años ya habiendo sido elegido ministro.
En tanto, un importante funcionario que integra el Gabinete, visiblemente molesto por este hecho, recordó a este medio que “los regalos que reciben los funcionarios públicos deben declararse y no se pueden aceptar los que superen los $ 4 mil”.