La Justicia ordenó aplicar una multa de $200 mil diarios en forma conjunta al Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Pueblo Belgrano, que gobierna el frigerista Mauricio «Palito» Davico, y a la firma Altos de Unzué SA por incumplir una orden judicial que ordenó desmantelar el barrio privado que se había construido sin un estudio de impacto ambiental y enconsecuencia reparar el daño que se había producido.
La medida fue adoptada por el juez Ricardo Javier Mudrovici, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3, de Gualeguaychú, y fue en respuesta a una demanda de ejecución de sentencia iniciada por el exlegislador provincial Julio Majul, que había pedido la aplicación de una multa diaria de $500 mil. En su escrito, Majul había pedido a la Justicia que haga cumplir «las medidas que debió adoptar la persona jurídica condenada y de las cuales son solidariamente responsables la Municipalidad de Pueblo Belgrano y el Gobierno de Entre Ríos», las que «fueron ignoradas, mediante presentaciones a la Secretaría de Ambiente por la empresa Barbagelata Ingeniería S.A. y Altos de Unzué S.A., comportamiento asumido por quien todavía no cuenta con un estudio de impacto ambiental previo aprobado, lo que justifica que se acceda a esa postulación dirigida a obtener una tutela judicial efectiva que en primer lugar se dirija a recomponer en forma inmediata, imponiéndose sanciones conminatorias que deberán contemplar la gravedad del daño ambiental producido, con fundamento en la desidia y desprecio por intereses colectivos que ha evidenciado la sociedad anónima (v.gr., avanzar sin autorización previa ambiental, trabajar cuando las obras estaban paralizadas, carecer del obligatorio seguro ambiental que de haberse contratado enjugaría cualquier costo derivado de una recomposición), multas que se extienden solidariamente al municipio de Pueblo General Belgrano y a la Provincia de Entre Ríos».
En 2019, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la apelación interpuesta por Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la firma Altos de Unzué SA por la cual se pedía rever el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se pronunció a favor de proteger un área natural donde se construía el barrio privado Amarras, sobre la ribera del río Gualeguaychú. Con la firma de Claudia Mizawak, Juan Smaldone y Martín Carbonell, se ordenó que en 180 días se cumpla con la orden de reparar el ambiente dañado por las obras.
El 11 de julio de 2019, la Corte había dejado sin efecto una sentencia del STJ mediante la cual había rechazado la acción de amparo interpuesta por Julio Jesús Majul, un vecino y referente político de Gualeguaychú, que tenía como objeto que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción del country fluvial Amarras, de la empresa Altos de Unzué SA, ubicado en Pueblo General Belgrano sobre la costa del río Gualeguaychú.
En el fallo del 15 de octubre de ese año, el STJ acogió el pronunciamiento del máximo tribunal nacional en cuanto se pronunció a favor de proteger un área natural protegida en Gualeguaychú que se veía amenazada por el proyecto inmobiliario. Cabe recordar que la sentencia con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti señaló la arbitrariedad del Superior Tribunal al desestimar la demanda para reparar los daños producidos en ese lugar y destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas.

La CXorte había hecho lugar así a la queja por recurso extraordinario denegado por el STJ, destacando más allá que la Municipalidad de Gualeguaychú intervino en el litigio, se constató en las obras del emprendimiento inmobiliario habían causado una alteración negativa del ambiente, y en este sentido resaltó la “importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales”.

Reparar el daño

Majul inició el amparo ambiental en septiembre de 2015, y en 2019 finalmente el STJ resolvió “rechazar los recursos de apelación interpuestos por las demandadas”: la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y Altos de Unzué SA. En la sentencia también se otorgó “un plazo de 180 días, teniendo en cuenta el grado de avance de los trabajos efectuados, para el cumplimiento de la condena”, es decir “recomponer el ambiente” alterado, “volviendo las cosas a su estado anterior –tal y como ocurre ante un proceder viciado de nulidad absoluta–”, consideró Mizawak en su voto.
Estas consideraciones, sostuvo Smaldone, se sostuvieron en la protección del área como natural protegida, el de amparo del sistema de humedales como “libres de construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados” y en la consagración del “principio precautorio en materia ambiental y por aplicación del principio in dubio pro natura, no se puede convalidar una obra privada en beneficio de un número limitado de particulares, cuando como consecuencia de ello se generan perjuicios desmesurados e incalculables para todos los habitantes de la comunidad en general”.

Antecedentes

El amparo ambiental por las “Amarras de Gualeguyachú” tuvo por objeto inicial la prevención y cese de un emprendimiento inmobiliario del barrio náutico. El proyecto comprendía una fracción de terreno de 445 lotes y la construcción de 200 unidades departamentales más un hotel de 150 habitaciones lindero al “Parque Unzué”, en la margen del río Gualeguaychú, en jurisdicción del municipio de Pueblo General Belgrano, justo enfrente a la ciudad de Gualeguaychú.

El emprendedor inmobiliario Altos de Unzué SA, con antelación a la declaración de impacto ambiental, realizó trabajos de magnitud en el predio, como movimientos de suelo que fueron constatados por la Secretaria de Ambiente de la provincia. En este contexto, el director de Hidráulica provincial compartió un informe técnico del cual surgió que existe una afectación en el valle de inundación (humedal). Ello a pesar que el estudio de impacto ambiental que presentara, indicando la existencia de una “Reserva de los Pájaros y sus Pueblo Libres” (ley provincial 9.718), que a su vez declara “área natural protegida a los humedales” del Departamento de Gualeguaychú, y que se desprende que el proyecto se realizará sobre una zona de humedales, con impactos permanentes e irreversibles.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en un primer momento rechazó la demanda por cuestiones formales, sosteniendo que la existencia de un proceso administrativo previo por un reclamo iniciado por la Municipalidad de Gualeguaychú –pendiente de resolución–, que llevaron a desestimar la idoneidad del amparo en el caso. Luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de un recurso extraordinario federal y de queja, por denegación del mismo, revocó el fallo del STJ por considerar arbitraria la sentencia recurrida, por incurrir en una apreciación meramente ritual e insuficiente, omitir considerar el derecho a vivir en un ambiente sano (articulo 41° de la Constitución Nacional y articulo 22° de la Constitución Provincial) y que el Estado garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad (articulo 83° Constitución de la Provincia).

En particular, dijo la Corte, no tuvo en cuenta que la provincia tiene a su cargo la gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales (articulo 85° Constitución Provincial). Que la cuenca hídrica es una unidad, y un sistema integral. Que los humedales (Ramsar 1997), cumplen una función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes; destacó además, que los humedales cubren sólo el 2,6% de la tierra, registrándose actualmente una pérdida global de los mismos debido a la actividad antrópica del 54%.

La Corte destacó que en el caso, resulta de aplicación no sólo los principios de política ambiental referidos, sino también en especial el principio precautorio – articulo 4° ley 25.675, que tiene jerarquía constitucional en Entre Ríos-, y dos principios novedosos de la especialidad: el principio “in dubio pro natura” (Declaración de UIC, Congreso Mundial de Derecho Ambiental, Río de Janeiro, 2016) y el principio “in dubio pro aqua” (8° Foro Mundial del Agua, Brasilia, Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, 2018, Naciones Unidas/ UICN).
Con información de R2820Radio
Fuente Entre Ríos Ahora.