“Una de las pruebas que no todo lo que administra el sector privado es `caso de éxito` la representa la empresa Caminos de Río Uruguay S.A. que -por concesión- tiene a su cargo la administración y mantenimiento del Corredor Vial Nº18 , de las Rutas Nacionales Nº14 y Nº174”, disparó el diputado nacional por Entre Ríos Pedro Galimberti (Juntos).
El legislador señaló que hay responsabilidad del Estado en la deficiente prestación por cuanto, aseveró, los controles no siempre están a la orden del día. “El Corredor Vial Nº18 atraviesa Entre Ríos. La concesión está a cargo de Caminos de Río Uruguay, y su concesión venció el 31 de octubre de 2023”, apuntó.
El Estado debía asumir el control pero ello no ocurrió así.
Se trata de la concesión del corredor más importante que la Argentina aporta al Mercosur, que empieza en el estratégico puente Zárate Brazo Largo y corre por las rutas 12 y 14 para comunicar el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay, además del puente que une Rosario con Victoria.
En el final de la concesión, Caminos del Río Uruguay logró un fallo judicial en el que se le permitió la continuidad en la operación por un plazo inicial de 6 meses. ¿El motivo? El Estado incumplió con el procedimiento establecido para dar por terminada la concesión.
Justamente, la empresa argumentó que debía “contar con un período que permita culminar el proceso de renegociación contractual o, en su caso, posibilite el traspaso ordenado de la concesión vial”, dijo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9. “Se admitirá la medida de no innovar solicitada, aunque por el plazo de seis meses corridos desde la fecha de vencimiento prevista en el Acta Acuerdo de Renegociación de fecha 17 de diciembre de 2014″, planteó la resolución judicial.
El plazo de pre-aviso que establecieron el Estado y la concesionaria era de un año.
En febrero de 2023, Caminos del Río Uruguay se presentó en concurso de acreedores. Entonces argumentó que el combo que significa un contexto de alta inflación junto con tarifas muy por debajo del valor de equilibrio tornaban imposible la explotación comercial. En esta resolución, que entrega un plazo más, el juez resume los hechos que determinaron en la convocatoria. “La concursada había requerido solo en los últimos tiempos, en al menos 38 ocasiones, un incremento de las tarifas por haberse reunido las condiciones que, conforme lo pactado por el Estado, habilitaban la procedencia del aumento solicitado, pero que ninguna de tales peticiones fue atendida”, dijo el juez.
Según lo que consta en el expediente, entre agosto de 2019 y el mismo mes de 2022, el índice de inflación de los precios al consumidor que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sufrió un incremento de 269,51%, mientras que los ingresos operativos de la concesionaria reflejaron un aumento de 69% a valores nominales, además del aumento del número de usuarios que pasan por las barreras que creció 20%. Aunque este año se dieron dos aumentos, uno en mayo (50%) y otro en julio (40%), jamás se recompuso la ecuación financiera. Menos aún, con la aceleración de la inversión en los últimos meses.
Al inicio del contrato, el corredor tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales apenas 30 eran doble vía. Con posterioridad se incorporaron al contrato 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de Caminos del Río Uruguay 135 kilómetros de autovía y 532 de una sola mano.
En 1995, se acordó una modificación al contrato que implicó una inversión de 82 millones de dólares, mantener las tarifas reducidas durante la ejecución de las obras, y una ampliación de plazo de 15 años, extendiendo la concesión hasta octubre de 2018. El proyecto principal fue la autopista desde Arroyo Negro a Ceibas. En 2001, se suscribió una adenda para incorporar al contrato la construcción de la autopista de Ceibas a Gualeguaychú.
En este contexto, según anunciaron las autoridades, el Estado se haría cargo de este corredor y también de la Ruta Nacional Nº12. Eso finalmente no ocurrió.
“Periodísticamente trascendió que la concesión fue prorrogada hasta el 1/4/2024 y luego, una vez más, hasta abril de 2025”, aludió el diputado Galimberti y en ese marco reclamó: “Pretendemos tener certeza si la concesión de este Corredor Vial fue prorrogada”.
Y agregó: “Solicitamos, además, que se detallen las negociaciones realizadas con la concesionaria sobre las presuntas condiciones de prórroga y/o a la finalización de la concesión”. También el legislador pretende conocer “las sanciones que recibió Caminos de Río Uruguay por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, y pretendemos conocer si se tiene previsto realizar una nueva licitación, una nueva prórroga o si la administración será transferida a la empresa estatal Corredores Viales SA”.
En un proyecto que presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, Galimberti pretende conocer sobre el estado de ejecución y situación actual de las obras de mejora y se solicita se indique si fueron realizadas por medio de la Dirección Nacional de Vialidad, o transferidos a Caminos de Río Uruguay SA. Y que “se informe el estado de la Ruta Nacional Nº12, desde Ceibas (Entre Ríos) hasta el empalme con la Ruta Nacional Nº123 (Corrientes) y desde éste último hasta Puerto Iguazú (Misiones), y que se detallen las obras que se prevé realizar”.


Fuente: Entre Ríos Ahora