En una labor conjunta entre los ministerios de Seguridad y Justicia y Salud, se firmaron este jueves las pautas de intervención ante situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental y/o consumos problemáticos de drogas en el espacio público.
Se trata de un conjunto de pautas de procedimiento y actuación enmarcadas en la Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental, que buscan garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y adicciones. Las mismas fueron elaboradas de forma articulada entre los ministerios de Seguridad y Justicia y Salud, la Dirección General de Derechos Humanos y la Policía de Entre Ríos, con la colaboración del Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos.
El protocolo se enfoca en la actuación policial como primer interventor en situaciones que involucran a personas en crisis en el espacio público.
"Con gran satisfacción estamos presentando un protocolo que hemos trabajado en conjunto con los diferentes actores que hacen a la intervención en crisis de salud mental en vía pública. Este protocolo representa un paso fundamental para garantizar la atención adecuada y oportuna a las personas que atraviesan situaciones de crisis mental", subrayó el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia tras la firma del documento que se pondrá en vigencia luego de realizadas las capacitaciones previstas por el mismo.
En esta línea, sostuvo: "En el pasado, la falta de un protocolo específico generaba incertidumbre y dificultaba la respuesta eficaz ante emergencias de salud mental. Ahora Entre Ríos tiene un protocolo que ha sido elaborado articuladamente y que comprende instancias de capacitación para los actores que intervienen en una crisis de Salud Mental, estableciendo pautas claras y precisas para la intervención en casos de eventos en la vía pública, define roles y responsabilidades desde el primer contacto hasta la derivación a un tratamiento adecuado".

"En situaciones de salud mental, el tiempo es un factor crítico. Es por ello que el protocolo pone especial énfasis en la importancia de un rápido accionar de los efectores públicos. Los agentes de Salud y de la Policía serán capacitados para identificar y abordar adecuadamente estas situaciones, garantizando la seguridad de las personas involucradas y facilitando el acceso a la atención necesaria. Estamos convencidos que este protocolo viene a mejorar la acción de los funcionarios públicos. Es una respuesta a la comunidad y una herramienta para los trabajadores del Estado", agregó Roncaglia.

El documento firmado este jueves incluye como novedad en la protocolización, además, a la Línea telefónica 0800-777-2100 destinado a la orientación y apoyo en urgencias de salud mental, que servirá para que el personal policial reciba recomendación y guíe actuaciones hasta la presencia del sistema de emergencia sanitaria en el lugar.

En este sentido, el ministro de Salud, Guillermo Grieve, indicó: "Desde Salud trabajamos en conjunto aportando la valoración técnica en el abordaje a esta problemática tan prevalente y urgente, y brindando como novedad para la comunicación el recurso de la línea telefónica 0800 de orientación y apoyo en Salud Mental, para que sea un paso más en las pautas de intervención de fuerzas de seguridad. La Línea asesorará y acompañará al personal policial que llame para promover la mejor atención y resolución de la crisis en la vía pública, en interrelación con el Sistema de Emergencias Sanitario y los efectores sanitarios a los cuales la persona atendida será derivada".

La capacitación será destinada a funcionarios policiales y efectores de salud que intervienen en situaciones de crisis de salud mental y consumos problemáticos en espacios públicos. La misma será desarrollada por la Dirección General de Derechos Humanos de la provincia, en articulación con los organismos intervinientes.

El protocolo cuenta con descripciones de las formas frecuentes de presentación de crisis de salud mental, un esquema de intervención, y un apartado específico para casos especiales que involucren a niños, niñas y adolescentes.

Vale destacar que el documento prevé, además, el respeto a la identidad de género autopercibida, la multiculturalidad, el trato digno y sin discriminación, y el uso racional de la fuerza.