La Seccional San José del gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) ha denunciado públicamente un acto de persecución gremial por parte de la Municipalidad de esta localidad, bajo la gestión del intendente Gustavo Bastian, del espacio kirchnerista-peronista. Según el gremio, dos trabajadoras que son parte de la Comisión Directiva y actúan como delegadas gremiales fueron removidas de sus puestos de trabajo, en violación del artículo 47 de la Ley 23.551, que prohíbe el traslado de miembros de comisiones directivas y delegados sin su consentimiento.
Ante esta situación, ATE San José ha solicitado la intervención de la conducción provincial del gremio, con sede en Paraná. Los abogados de ATE ya han enviado cartas documento a las autoridades municipales, exigiendo el regreso inmediato de las trabajadoras a sus respectivos puestos. Desde el gremio advirtieron que, de no cumplirse con esta solicitud, se tomarán medidas de fuerza y se iniciarán acciones judiciales.
“Es inaceptable que se ignore una legislación que protege la actividad sindical y los derechos de los trabajadores organizados”, afirmaron desde la Seccional San José. También señalaron que la actitud de la Municipalidad representa un grave precedente en las relaciones laborales en el ámbito público.
La Ley 23.551, que regula la actividad gremial en Argentina, garantiza la estabilidad laboral de los representantes sindicales para prevenir cualquier tipo de represalia o persecución por su labor en la defensa de los derechos de los trabajadores. Esta situación ha generado preocupación entre los afiliados y miembros de la comunidad, quienes están atentos al desarrollo de las acciones gremiales y legales.
Desde ATE San José señalaron que, bajo la gestión de Bastian, se están vulnerando derechos laborales esenciales, lo que podría llevar a un conflicto más grave. Se espera una respuesta oficial de la Municipalidad de San José para aclarar la situación y establecer los próximos pasos. Mientras tanto, el sindicato ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos de sus delegados y afiliados ante lo que consideran un acto de persecución sindical.