Se trata de seis firmas de las cuales cinco son intermediarios. Dos pertenecen al mismo grupo históricamente beneficiado como proveedor del Estado

El incipiente escándalo generado a partir de la compra masiva de alimento para abastecer a los sectores más vulnerables con un gasto de $550 millones y que involucra a un holding estrechamente vinculado a dirigentes del actual gobierno nacional y también de Cambiemos.

Se trata del Grupo L, que reúne a las firmas Teylem; Foraim; Equis Quince; Blue Catering; Bagalá y Cook Master que tienen como principal referente a Víctor Lusardi y que viene incrementando sus negocios gracias a estrechos lazos políticos tanto en el kirchnerismo como en la alianza creada por Mauricio Macri a nivel nacional y, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Teylem, el Ministerio de Desarrollo Social le adjudicó una gran parte de los polémicos contratos publicados en la jornada de este lunes 6 de abril para la compra de fideos, lentejas, aceite y azúcar que se distribuyó en muy pocas empresas.

La firma de Lusardi recibió $23 millones por la venta de 340.000 kilogramos de arroz blanco, tipo Largo Fino o Mediano 0000, en presentación de bolsas de un kilogramo cada una, marcas Don Marcos, y/o Molinos Ala a un precio unitario de $68. Otros $56 millones por 340.000 unidades de aceite comestible mezcla, en presentaciones de 1,5 litros, marca Indigo por un importe unitario de $166,58.

Es decir, se le pagaron casi $80 millones en esta adjudicación directa que realizó el ministerio que conduce Daniel Arroyo y que despertó fuertes críticas por haber pagado por estos alimentos hasta un 67% por encima de los valores de mercado.

Por su parte, Forain, la otra empresa de Lusardi, se adjudicó la compra de 340.000 envases de fideos semolados de 500 gramos a precio unitario de $84 para las marcas Aldente y Pastasole y a un valor global de $28,5 millones.

A esto le suma la venta de otros 340.000 kilos de fideos semolados, marcas Invicta, Aldente y Pastasole, en envases de 500 gramos a un costo unitario de $84 y un monto total de $28,5 millones.

O sea que la empresa del Grupo L acumuló un contrato por $57 millones que los debe sumar a los $80 millones por el arroz y el aceite, lo cual termina por redondear un contrato con Desarrollo Social por $137 millones de los casi $300 millones que totalizaron las sospechosas operaciones.

Pero además de tratarse de empresas intermediarias y no de productoras de alimentos, las dos compañías como las otras beneficiadas de la licitación le vendieron al Estado nacional a valores muy superiores a los que establece el programa Precios Máximos que incluye 2.000 artículos congelados al 6 de abril.

Un importante beneficio que recibió Lusardi, viejo conocido de la política tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires, donde viene sistemáticamente ganando licitaciones como proveedor estatal durante los gobiernos de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal sin diferenciaciones.

De hecho, existen varias denuncias presentadas en su contra por un grupo de diputados nacionales en las cuales se asegura que durante la gestión de Vidal, fue beneficiado con millonarios contratos para la compra de alimentos y artículos de limpieza para comedores escolares y el sistema penitenciario.

También se hace referencia a una licitación similar a la de Arroyo que llevó a cabo el mismo ministerio cuando estuvo a cargo de Carolina Stanley en el 2018 y mediante la cual se pagaron precios más caros que los que marcaba en Indec para un paquete de fideos que fue comprado por el Estado a $58 cuando el valor de mercado era de $28.

El Grupo L fue además aportante de la campaña electoral de Vidal luego de haber sido adjudicatario de varias compulsas para la compra de insumos del servicio alimentario escolar, creado por la ex gobernadora bonaerense en enero de 2017 bajo el nombre de Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Con respecto a las otras empresas ganadoras de la llamativa licitación, el periodista Matías Longoni, que dirige el portal Bichos de Campo, asegura que solamente una es fabricante y las restantes todas se dedican a la intermediación.

De acuerdo con su informe -en el que aclaró que confía en la honestidad del ministro Arroyo- Longoni indica que son seis las firmas que se repartirán los $550 millones.

Además de Teylem y Forain, son Sol Ganadera; Copacabana; Alimentos Generales y MH Accurso, casi todas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. "Una primera lectura es que el Estado gasta de más porque apela a intermediarios y no directamente a los productores", argumenta la nota.

También descubre que de las cinco empresa intermediarias, en dos se repiten socios o domicilios como Sol Ganadera SRL que tiene las mismas oficinas en la avenida Corrientes 1327 4° y el mismo director, Federico José Toscano que Alimentos Generales.

Hay, además una sóla empresa que ganó en todos los rubros. Es Copacabana SA, que cobrará $188 millones por todo concepto. Según Longoni, sus dueños se apellidan Assisa y uno de ellos, Jorge, ha sido presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social admitieron las compras a precios más altos que los establecidos por el propio Gobierno como valores de referencia pero Arroyo argumentó que esto se debió a que es una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos, donde la asistencia pasó de ocho a 11 millones de personas por la pandemia del coronavirus.

"Los productores se plantaron, y frente a la necesidad de llevar de verdad a todos, se decidió comprarlos por encima del precio testigo", explicó el funcionario desde su cuenta de twitter, rechazando también la existencia de corrupción al explicar el motivo por el que el Estado decidió comprar igual los productos a pesar de que los costos estaban por arriba de los precios de referencia.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no convencieron al dirigente social Juan Grabois, quien en redes sociales planteó su malestar. "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de peor calidad", aseguró.

El militante de la CTEP y allegado al papa Francisco contó que suelen comprar a $28 el paquete de fideos por el que el Gobierno pretende erogar 84 pesos. "Es una estafa a los pobres y confío en que Alberto Fernández va a ponerles los puntos al responsable", subrayó.