Un relevamiento hecho por el sitio Entre Ríos Ahora permitió establecer que los mandatos aprobados por cada una de las 17 seccionales, entre viernes y sábado, apuntan a un rechazo de la tercera propuesta de aumento salarial que presentó el Poder Ejecutivo.
No sólo habrá rechazo sino que también se espera la votación de un plan de lucha que incluirá nuevas medidas de fuerza, que se sumarán a los tres días de paro que hubo en la primera semana de clases en Entre Ríos.
La consulta con cinco dirigentes de Agmer -de distintas agrupaciones- permitió establecer el siguiente panorama: mayoritariamente, los 126 congresales llegarán a Concepción del Uruguay con mandatos de sus bases de rechazo a la oferta salarial de la administración del gobernador Gustavo Bordet.
También irán con la moción de paro, aunque el número de días a aplicar será un tema de discusión y consenso.
De ese modo, se abre un panorama incierto respecto del futuro del ciclo lectivo ante el caso omiso que hicieron los docentes al llamamiento que hizo el Gobernador Bordet durante su mensaje a la Asamblea Legislativa, el 15 de febrero: que la discusión salarial se desarrollara con los chicos en las aulas.
El Gobierno presentó el miércoles 7 -después de dos días de paro, lunes 5 y martes 6- la tercera oferta salarial para 2018 a los docentes y, a diferencia de las dos reuniones anteriores, no hubo una inmediata expresión de disconformidad por parte de los gremios. Pero conforme la oferta fue llegando a las bases, el pesimismo fue ganando a los docentes.
La oferta supuso el pago del aumento del 16,3% en dos etapas: se trata de un 15% anual, más un 1,3% de cláusula gatillo por efecto de la inflación de 2017.
La propuesta presentada por la provincia a los gremios docentes consiste en una suba de 9,3% en marzo, que incluye el 1,3% pendiente de 2017 retroactivo a enero, y un 7% más para agosto. Además se sostiene la decisión de rever la suba en caso de que la inflación supere esas cifras.
En la mesa de negociación, Agmer planteó tres puntos de reclamo: insiste en que la cláusula gatillo se debe pagar desde diciembre y no desde enero; reclama una actualización del adicional por transporte por lo menos en la misma proporción como aumentaron los combustibles a lo largo de 2017; y repudia el decreto que limita la realización de asambleas docentes.