Las repercusiones por el nuevo decreto reglamentario que se instrumentará para regular las fumigaciones en zonas cercanas a escuelas rurales siguen estando a la orden del día. Una de las voces que faltaba escucharse era de movimientos ambientalistas, quien están expectantes sobre lo que pueda decidir el gobernador, Gustavo Bordet. La problemática se abordó en la ronda de los martes que tuvo lugar ayer en la plaza Mansilla, aunque por estas horas las organizaciones apelarán a la cautela.

Una de las referentes de la Coordinadora Basta es Basta, la abogada Aldana Sassia, le dijo a UNO que tienen certeza que el decreto aún no ha sido firmado. “No sabemos lo que puede llegar a suceder, porque capaz que llega a manos del gobernador y al leerlo decide no firmarlo. Sería irresponsable lo que vamos a hacer. Conocemos solamente las declaraciones del fiscal de Estado”, manifestó la activista en relación a un tema que genera controversia.

Diferencias

En otro orden, Sassia se mostró en desacuerdo con las declaraciones del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que en diferentes medios periodísticos adelantó los nuevos lineamientos del nuevo decreto reglamentario de la Ley Nº 6.599 de Plaguicidas. “Nos gustaría mucho tener acceso a los informes técnicos que hayan hecho el Ministerio de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente. Sobre todo del informe de Salud, porque en el decreto anterior era muy esclarecedor en la cuestión y prácticamente decía que era imposible seguir aplicando este tipo de productos. Hoy guardamos cierta esperanza en que nuestra ministra de Salud, que tiene información sobre el tema y que es una persona formada, no va a hacer un informe contrario a lo que venimos planteando”, enfatizó.

La militante advirtió que a partir de lo revelado por Fiscalía de Estado sigue siendo central el tema de reducir las distancias para fumigar en zonas linderas a escuelas rurales. En este punto discrepó con el fundamento del Estado para ampliar esa margen, diciendo que “no había estudios que evidencien daño a la salud, específicamente en lo que respecta a tumores”. Respecto a este argumento entendió que la aparición de tumores “es solo una de las consecuencias”.

Sassia sabe que la decisión del gobierno se enfrenta con la fuerte presión de la entidades del campo que denunciaron que los productores tienen paralizadas miles de hectáreas y capacidad para trabajar.

“El grupo de presión está desequilibrado absolutamente; nosotros no somos un grupo de presión, pero esto tiene una mayor influencia social de lo que está evidenciado. Socialmente está mucho más aceptado y no es el tema de una sola clase, sino que le preocupa a cualquier ciudadano que habita en los territorios. Es un reclamo que está apoyado por un sector muy amplio de la sociedad”, interpretó.

Y amplió su postura: “No hay distancia posible para controlar totalmente este tipo de productos, pero sí las distancias fijadas creemos que eran mínimas. La información confeccionada por la Unión de Trabajadores de la Tierra, con el informe técnico que le presentaron al gobierno de Entre Ríos, presentó una posibilidad factible de salir de este entramado y darle una solución a los productores en corto plazo sin necesidad de aplicar venenos. Es una propuesta que no puede dejar de ver el gobernador. Si le llega a sus manos, y la lee con los números de rindes y de costos que es lo que más interesa al sector”.

Si sale el decreto, grupos verdes podrían apelar

Son muchas de las especulaciones que se vienen tejiendo en relación a este tema. Al parecer el gobierno ya tiene decidido avanzar con la puesta en vigencia del decreto, tal como lo dejó entrever el fiscal de Estado en declaraciones a UNO el lunes.

Los sectores ambientalistas han evitado la confrontación como estrategia, pero si bien no lo quiere adelantar públicamente elegirían el camino de la Justicia si el gobierno reglamenta el decreto. Es decir, que se presentaría un recurso de apelación que deje sin efecto la resolución oficial, pudo saber UNO en forma extraoficial. La batalla legal comenzó con el amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) con el Decreto Nº 4.407/18 del gobierno de Entre Ríos. La Justicia, en dos instancias, hizo lugar a este planteo invocando el derecho a la salud de los docentes y en especial de los niños que asisten a las escuelas rurales.

Por otro lado, el campo espera el decreto de Bordet. Así lo manifestó el presidente de la Federación de Asociación Rurales de Entre Ríos (Farer) Raúl Boc Ho, en declaraciones radiales.

“Acá está faltando sentido común. Nosotros estamos a la espera. El fiscal de Estado le envió el decreto al ministro de Economía y él se lo pasó al gobernador para que lo evalúe y firme. Los tiempos que se toma el gobierno en decidir estas cosas son muy largos.

Con el Decreto N° 4.407 estuvimos en unos dimes y diretes, y pasaron montones de días. En esos días los productores perdieron oportunidades de hace producir esos terrenos que están afectados por esas medidas judiciales”, sostuvo en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná.